Gobierno de Trump desacata orden judicial y no repatria salvadoreño deportado por error
El Gobierno de Donald Trump desacata orden judicial al negarse a repatriar a un salvadoreño deportado por error. La jueza federal Paula Xinis había exigido una explicación detallada sobre los pasos para devolver a Kilmar Ábrego García a Estados Unidos, pero el Departamento de Justicia respondió con evasivas, citando falta de tiempo y ambigüedad en los términos judiciales.
Contexto legal del desacato judicial del Gobierno de Trump
La magistrada Xinis consideró “ilegal” la deportación de Ábrego García, y el Tribunal Supremo apoyó su fallo inicial del 4 de abril. No obstante, el Gobierno de Trump desacata orden judicial al evitar iniciar gestiones para el retorno del salvadoreño, alegando que este ya se encuentra bajo custodia del Gobierno de El Salvador.
Ábrego contaba con una orden judicial de protección desde 2019. Su deportación se ejecutó pese a esta medida y sin orden judicial, bajo la justificación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una legislación que rara vez se aplica y que ha generado duras críticas.
Desacato judicial en medio de tensiones con la política migratoria de los EE.UU.
Este caso vuelve a poner bajo escrutinio la política migratoria de los EU, particularmente bajo el mandato de Donald Trump. Las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional frecuentemente han terminado enfrentadas al sistema judicial, revelando profundas diferencias entre ramas del poder.
Las acciones del Ejecutivo en este caso podrían minar la credibilidad internacional del sistema judicial estadounidense. La negativa a cumplir con el fallo del Tribunal Supremo también abre la puerta a posibles sanciones o consecuencias legales de mayor alcance.
El caso de Kilmar Ábrego García: un salvadoreño deportado injustamente
Kilmar Ábrego García, de 29 años, fue deportado junto a otros salvadoreños y más de 200 venezolanos el 15 de marzo. Se encuentra actualmente detenido en el CECOT, una prisión de máxima seguridad en El Salvador. Sin antecedentes penales ni pruebas firmes de vínculos con pandillas, su familia ha denunciado una deportación arbitraria.
Antes de ser deportado, vivía con su esposa e hijos en Maryland y trabajaba como obrero metalúrgico. Huyó de El Salvador a los 16 años por amenazas de pandillas, y sus allegados aseguran que no tiene relación alguna con grupos criminales.
Gobierno de Trump desacata orden judicial sobre caso de salvadoreño: ¿Qué implica esto?
El desacato no solo representa una crisis institucional, sino también un posible precedente peligroso. Si una administración puede ignorar un mandato de la Corte Suprema, se debilita el principio de equilibrio entre poderes.
La jueza Xinis ha solicitado actualizaciones diarias sobre el paradero y estatus de Ábrego, así como sobre los esfuerzos pasados y futuros para lograr su retorno. Hasta ahora, las respuestas del Gobierno han sido vagas y evasivas, lo que deja el caso en una situación crítica.
Abogados del Departamento de Justicia han cuestionado incluso el alcance de la palabra “efectuar” en la orden judicial, sugiriendo que podría superar los límites legales del tribunal. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que este argumento podría no sostenerse legalmente.
Este episodio no es aislado: forma parte de una serie de enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el judicial que marcaron la administración Trump. Si el Gobierno de Trump desacata orden judicial con impunidad, se corre el riesgo de erosionar la estructura democrática.
