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Investigación fiscal por 350 mil euros compromete a González Amador, con operaciones millonarias en venta de mascarillas y guantes durante emergencia sanitaria
La investigación por fraude fiscal contra Alberto González Amador abre una nueva arista sobre los negocios generados en los momentos más críticos de la crisis sanitaria por COVID-19: el papel de intermediarios privados que, al calor de la urgencia global, obtuvieron beneficios millonarios cuya trazabilidad fiscal hoy está en entredicho.
De acuerdo con la denuncia sustentada por la Agencia Tributaria española, el origen del presunto fraude —estimado en más de 350 mil euros— se remonta a 2020, cuando la empresa del empresario, Maxwell Cremona SL, concentró casi el 85% de sus ingresos en una sola operación: la intermediación en la venta de material sanitario, principalmente mascarillas y guantes, en plena emergencia sanitaria.
Un negocio en el momento más crítico
La operación se articuló a través de FCS Select Products SL, firma que pasó de comercializar bebidas alcohólicas a convertirse en uno de los principales proveedores de insumos médicos para administraciones públicas. Esta compañía habría pagado cerca de 1.97 millones de euros en comisiones a Maxwell Cremona por facilitar la venta de productos a la empresa gallega Mape Asesores, en contratos que alcanzaron los 42 millones de euros.
Las entregas de material ocurrieron en mayo y agosto de 2020, dos de los momentos más críticos de la pandemia en España. Según la documentación, el acuerdo contemplaba una comisión del 4.5% por cada operación cerrada.
Estructura internacional y triangulación
Uno de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores es la complejidad de la operación. Para concretar la venta entre empresas españolas fue necesaria la intervención de una firma radicada en Estados Unidos, IHD Inteconn, así como un viaje previo a Nueva York por parte del empresario, semanas antes de que se decretara el estado de alarma.
El relato presentado a Hacienda describe una cadena de intermediación basada en contactos, reuniones y videoconferencias, donde el papel de González Amador habría sido conectar a las partes. No obstante, la Agencia Tributaria subraya que su empresa no participó formalmente como compradora ni vendedora, sino únicamente como enlace comercial.
Facturación cuestionada y presunta simulación
El núcleo del caso no radica en la legalidad de las comisiones, sino en la forma en que estas fueron declaradas. Hacienda detectó el uso de facturas presuntamente falsas para justificar gastos inexistentes y reducir la carga fiscal de los beneficios obtenidos, lo que derivó en acusaciones por fraude fiscal y falsedad documental correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.
Además, los investigadores identificaron movimientos corporativos que consideran atípicos, como el traslado de actividades a una segunda empresa sin estructura operativa, lo que refuerza la hipótesis de una estrategia de ingeniería contable para disminuir impuestos.
Del sector sanitario a la consultoría
El caso también revela un cambio significativo en la trayectoria profesional del empresario, quien antes de la pandemia se dedicaba principalmente a la consultoría en sistemas de gestión y certificaciones, con vínculos laborales con el grupo sanitario Quirón Salud.
Tras años de facturación en ese sector, el salto hacia la intermediación en suministros sanitarios coincidió con el pico de demanda global, lo que multiplicó los ingresos de su empresa en un periodo corto.
Un patrón bajo escrutinio
Más allá del caso individual, la investigación pone el foco en un fenómeno más amplio: la proliferación de intermediarios en la compraventa de insumos médicos durante la pandemia, muchos de los cuales operaron en escenarios de alta opacidad y urgencia.
La denuncia de la Fiscalía, basada en un informe de más de 200 páginas, plantea interrogantes sobre los mecanismos de control en contrataciones de emergencia y la fiscalización posterior de beneficios extraordinarios obtenidos en contextos de crisis.
El proceso judicial en curso será clave para determinar responsabilidades, pero también para sentar precedentes sobre la regulación de este tipo de operaciones en futuras contingencias sanitarias.
