Infraestructura como palanca fiscal y regional: el nuevo eje del crecimiento sexenal
El Gobierno de México redefinió su estrategia de crecimiento al colocar a la inversión en infraestructura como el principal motor fiscal, productivo y regional del sexenio. Con la presentación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, la administración federal anunció una bolsa histórica de 5.6 billones de pesos destinada a ocho sectores estratégicos, bajo un esquema que prioriza la rectoría del Estado, la disciplina financiera y la distribución territorial del desarrollo.
El anuncio implica un refuerzo inmediato del Plan México: tan solo en 2026 se incrementará la inversión en 722 mil millones de pesos, equivalentes a 2% del PIB, que se suman a los más de 900 mil millones de pesos ya aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El objetivo, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es detonar crecimiento económico con impacto social directo, sin replicar los modelos de endeudamiento y concesiones del pasado.
Durante la conferencia matutina, la mandataria subrayó que el nuevo paquete de inversión no reproduce los esquemas de APP del periodo neoliberal, donde el riesgo financiero recaía en el sector público. En contraste, el modelo actual combina inversión pública mayoritaria con vehículos mixtos que permiten acelerar proyectos sin ceder la propiedad ni la conducción estratégica del Estado, y sin comprometer finanzas públicas a tasas elevadas.
Planeación, control y transparencia
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, detalló que el plan es resultado de un análisis financiero y técnico de más de mil 500 proyectos, y que su ejecución se apoyará en cuatro pilares institucionales: un Consejo de Planeación Estratégica coordinado por la Presidencia; nuevos vehículos de inversión especializados en infraestructura; actualización del marco normativo con contratos mixtos; y una Base de Datos Nacional que concentrará indicadores, métricas y seguimiento para inversionistas y autoridades.
Este diseño busca ordenar la inversión de largo plazo, reducir sobrecostos, elevar la eficiencia del gasto y ofrecer certidumbre jurídica, al tiempo que se fortalece la capacidad del Estado para orientar proyectos hacia objetivos sociales y ambientales.
Inversión con impacto territorial
Desde la óptica del desarrollo regional, el plan pretende cerrar brechas de conectividad y servicios básicos mediante proyectos en energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos, con efectos multiplicadores en empleo y cadenas productivas locales. Hacienda anticipa que la inversión pública funcionará como ancla para atraer capital privado y social, especialmente en regiones históricamente rezagadas.
El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, explicó que los esquemas mixtos garantizan que el Estado defina reglas de operación y metas sociales, mientras el capital privado acelera la ejecución. Citó como antecedentes la adquisición de las 13 plantas de Iberdrola, la construcción del Aeropuerto de Tepic y la carretera Las Varas-Compostela, proyectos donde se protegieron las finanzas públicas y la soberanía.
Finanzas sanas y prosperidad compartida
Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez, enfatizó que el plan establece una ruta de crecimiento incluyente y sostenible, asegura finanzas públicas sanas mediante planeación de largo plazo y acelera las inversiones del Plan México con reglas claras y transparencia. El enfoque, sostuvo, apunta a la prosperidad compartida: crecimiento económico acompañado de bienestar, empleos mejor remunerados y fortalecimiento de la soberanía.
Con este paquete, el gobierno federal apuesta a que la infraestructura deje de ser solo obra pública y se convierta en política económica integral, capaz de ordenar el gasto, atraer inversión responsable y traducir el crecimiento en beneficios tangibles para la población.
