Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables… pero nosotros, los mexicanos
La semana pasada hablábamos de los gobiernos que parecen haber olvidado que su razón de existir es la población y no los números que presentan en sus informes. De esa extraña costumbre de convertir las estadísticas en triunfos políticos mientras las necesidades de las personas quedan relegadas a un segundo plano. Sin embargo, los acontecimientos recientes obligan a formular una pregunta todavía más incómoda: ¿qué sucede cuando el pueblo, cansado de esperar, decide exigir aquello que sus gobernantes prometieron garantizar?
México es un país con una memoria histórica profundamente marcada por la represión. Durante décadas, los gobiernos priístas y, posteriormente, los panistas fueron señalados por prácticas autoritarias, por el uso de las instituciones para contener la inconformidad y por una distancia cada vez mayor entre las promesas políticas y las condiciones reales de la ciudadanía. Precisamente contra esa herencia construyó Morena buena parte de su discurso: nunca más un gobierno que reprimiera al pueblo, nunca más autoridades indiferentes ante las demandas sociales.
Pero ¿estamos reviviendo algunas de aquellas prácticas que tanto se prometió erradicar? ¿La transformación modificó realmente la relación entre el Estado y los ciudadanos o solamente cambió el partido que administra el descontento?
La memoria histórica: cuando exigir derechos vuelve a incomodar
Los acontecimientos del pasado 9 de octubre en la Ciudad de México deberían obligarnos a reflexionar. Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales, incrementos salariales y abastecimiento de medicamentos e insumos. Durante las movilizaciones, elementos de la policía capitalina encapsularon a manifestantes en Paseo de la Reforma y realizaron intervenciones para liberar vialidades. Los trabajadores respondieron con consignas contra la represión.
La imagen resulta preocupante: personal de salud que reclama herramientas para realizar su trabajo termina rodeado por elementos policiales. Aunque la intervención de las autoridades no demuestra por sí sola que exista una política sistemática de represión, sí plantea una pregunta fundamental: ¿en qué momento una exigencia laboral y sanitaria se convierte en un problema de orden público antes que en una prioridad gubernamental?
Y todavía más importante, ¿desde cuándo la escasez de medicamentos, materiales y personal es una novedad en las instituciones públicas de salud?
Las denuncias sobre carencias hospitalarias no comenzaron con la administración actual. Son parte de una problemática que ha atravesado gobiernos, reformas y proyectos políticos de diferentes colores. Lo que debería distinguir a quienes prometieron transformar el sistema no es su capacidad para encontrar culpables en el pasado, sino su disposición para resolver aquello que llevan años denunciando.
Porque, como dice el refrán, cada quien habla de cómo le va en la feria. Desde los escritorios gubernamentales pueden presentarse cifras de inversión, cobertura y eficiencia; desde los hospitales, en cambio, los trabajadores describen una realidad en la que faltan insumos, medicamentos y personal suficiente. Ambas narrativas pueden coexistir, pero cuando se contradicen, corresponde a las autoridades explicar por qué los resultados anunciados no se traducen en mejores condiciones de atención.
Resulta especialmente contradictorio que quienes históricamente reivindicaron las movilizaciones sociales hoy tengan que responder a ciudadanos que recurren a las mismas herramientas de protesta para hacerse escuchar.
¿Dónde quedó la exigencia del pueblo? ¿En qué momento cuestionar al gobierno comenzó a interpretarse como un ataque a su proyecto político?
La memoria histórica no puede convertirse en una ceremonia que se recuerda cada 2 de octubre para después olvidarse durante el resto del año. Recordar la represión del pasado implica reconocer las señales de autoritarismo en el presente, independientemente del partido que gobierne.
Y si la promesa fue construir un gobierno distinto, entonces la obligación de escuchar debería ser todavía mayor.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables: esta vez, el pueblo habla
El primero de septiembre de 1968, Gustavo Díaz Ordaz pronunció una de las expresiones más inquietantes de la historia política mexicana: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero todo tiene un límite”.
Aquella advertencia, pronunciada desde el poder frente a la movilización estudiantil, quedó inscrita en la memoria colectiva como parte del discurso autoritario que precedió a la matanza de Tlatelolco.
Casi seis décadas después, quizá sea momento de invertir el sentido de aquella frase. Dejar de pensar la tolerancia como una concesión del gobierno hacia la ciudadanía y preguntarnos cuánta paciencia ha tenido la población frente a quienes administran sus derechos como si fueran favores. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables, pero nosotros, los mexicanos, con nuestros gobiernos.
Y basta observar lo que está sucediendo en Guadalajara para comprenderlo.
Durante meses, habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara han denunciado recibir agua turbia, maloliente y de calidad cuestionable. El problema ha alcanzado a cientos de colonias y ha provocado manifestaciones, denuncias de afectaciones a la salud y una creciente indignación contra las autoridades responsables del suministro.
El pasado 8 de octubre, estudiantes del ITESO confrontaron al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, durante su visita a la institución. Los jóvenes le exigieron respuestas por la crisis hídrica, la inseguridad y las tarifas del transporte público. La escena resultó reveladora: estudiantes cuestionando directamente al gobernante sobre problemas que afectan su vida cotidiana.
¿Y qué esperaban las autoridades? ¿Que quienes reciben agua de calidad cuestionable guardaran silencio? ¿Que aceptaran como suficiente una explicación mientras en sus casas continúa un problema que afecta lo más elemental de la vida cotidiana? La indignación no apareció por capricho. Surge cuando el servicio que se paga y se necesita deja de ofrecer certezas, y las respuestas oficiales no alcanzan para recuperarlas.
Entre los cuestionamientos aparece también una teoría para nada descabellada, respecto a la posibilidad de privatizar el agua y la participación de empresas israelíes. La pregunta merece una respuesta pública y verificable: ¿qué acuerdos existen, cuál es su alcance y qué relación tienen con las decisiones que hoy se plantean para atender la crisis?
La inquietud no surge de la nada. Existen antecedentes de cooperación hídrica entre instituciones mexicanas e israelíes, incluido el convenio suscrito en 2013 entre Conagua y Mekorot, empresa estatal israelí. También se ha documentado un acuerdo de cooperación académica de Jalisco con el Technion israelí. Sin embargo, estos antecedentes no prueban que exista una privatización del agua jalisciense ni una entrega del SIAPA a empresas israelíes. No olvidemos como la ocupación ilegal en Palestina, inició con el control de recursos hídricos.
Pablo Lemus ha negado que pretenda privatizar el organismo, aunque su administración ha planteado esquemas de financiamiento con participación privada en la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura hidráulica.
Entonces, ¿quiénes serán los beneficiarios de esos contratos? ¿Qué empresas participarán? ¿Durante cuántos años? ¿Bajo qué mecanismos de supervisión? ¿Qué garantías tendrá la población de que un derecho fundamental no termine subordinado a intereses económicos?
No basta con negar una privatización. También es necesario transparentar las condiciones de los contratos y explicar quién conservará el control efectivo de los servicios y de la infraestructura.
Por otra parte, la discusión sobre las responsabilidades heredadas de la administración de Enrique Alfaro tampoco puede convertirse en una excusa permanente. Si la infraestructura ya presentaba problemas, ¿qué diagnóstico recibió el nuevo gobierno? ¿Qué información se entregó durante la transición? ¿Cuáles fueron las primeras medidas correctivas?
Y si las condiciones eran tan graves, ¿por qué no se actuó con mayor anticipación? ¿Qué proyectos se licitaron, cuáles permanecen pendientes y por qué? ¿Cómo puede un gobernador responsabilizar indefinidamente a su antecesor sin explicar las decisiones tomadas durante su propia administración?
Gobernar no consiste únicamente en recibir un cargo y señalar los errores de quien lo ocupó anteriormente. También implica identificar problemas, administrar recursos, ejecutar proyectos y asumir las consecuencias de las decisiones propias.
La crisis del agua en Guadalajara no puede reducirse a una disputa entre Enrique Alfaro y Pablo Lemus, ni a una competencia por determinar quién tiene mayor responsabilidad política. La población no necesita que le expliquen eternamente de quién es la culpa. Necesita agua limpia y un servicio confiable en su casa.
Mientras tanto, los mexicanos seguimos pagando impuestos, servicios, contribuciones y tarifas. Seguimos esperando medicamentos en los hospitales, agua limpia en nuestras casas y respuestas de quienes fueron elegidos para administrar los recursos públicos.
La ciudadanía no debería sentirse obligada a agradecer que el Estado cumpla con aquello que constituye su responsabilidad.
Tampoco debería ser necesario bloquear avenidas, organizar manifestaciones o confrontar personalmente a un gobernador para conseguir que las autoridades reconozcan problemas que llevan meses, incluso años, afectando a la población.
La memoria histórica sirve precisamente para eso: para recordar que los derechos no son concesiones del poder, que las instituciones deben responder a la sociedad y que ninguna transformación política puede considerarse completa mientras persistan las prácticas que convierten la inconformidad ciudadana en una amenaza y la rendición de cuentas en una molestia.
Quizá Díaz Ordaz se equivocó incluso en el sujeto de su célebre advertencia. No eran los gobiernos quienes habían tolerado demasiado a sus ciudadanos. Históricamente, han sido los ciudadanos quienes han soportado demasiado de sus gobiernos.
Porque, al final, la única tolerancia que parece haber llegado hasta excesos criticables es la de los mexicanos frente a quienes los gobiernan.
Y mientras las autoridades continúan administrando explicaciones, la población sigue esperando resultados.
A ver qué pasa.
