Gobierno busca unificar castigo nacional contra el feminicidio
Nueva ley propone penas uniformes, protocolos obligatorios y protección integral para víctimas, familiares y menores afectados por feminicidios en México.
El Gobierno de México presentó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio con la que pretende establecer un marco jurídico único para todo el país, eliminar las diferencias entre legislaciones estatales y fortalecer la investigación de los asesinatos de mujeres por razones de género mediante protocolos obligatorios y sanciones más severas.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su discusión en el próximo periodo ordinario de sesiones, con el objetivo de terminar con la dispersión legal que actualmente existe entre las 32 entidades federativas y que, según el Ejecutivo, ha favorecido la impunidad, el subregistro de casos y la revictimización de las familias.
La iniciativa establece una definición homologada del delito de feminicidio en todo el territorio nacional y fija una pena única de 50 a 70 años de prisión, además de contemplar 19 agravantes que incrementarán la sanción cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultas mayores, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos, migrantes o cuando el responsable sea un servidor público.
También incorpora diez razones de género para acreditar el delito, entre ellas antecedentes de violencia, agresiones sexuales, actos motivados por estereotipos de género y relaciones de poder entre agresor y víctima.
El proyecto endurece las consecuencias legales al establecer que el feminicidio será un delito imprescriptible, sin posibilidad de amnistía, libertad condicionada, conmutación de penas o criterios de oportunidad. Asimismo, prevé la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela y custodia para los responsables, además de destitución e inhabilitación cuando se trate de funcionarios públicos.
Otro de los ejes centrales de la reforma es la homologación de los protocolos de investigación. Las fiscalías federales y estatales estarán obligadas a aplicar procedimientos especializados con perspectiva de género, preservar correctamente los indicios, realizar análisis de contexto y mantener al mismo Ministerio Público durante todas las etapas del proceso penal para garantizar continuidad en las investigaciones.
La propuesta también fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas, al garantizar atención médica y psicológica inmediata, asesoría jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes que queden en orfandad por feminicidio, así como medidas de protección para sobrevivientes de tentativa de feminicidio.
Como parte de las nuevas herramientas institucionales, se creará un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, que permitirá brindar seguimiento, protección y acompañamiento a los menores afectados por estos delitos.
La iniciativa también obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el derecho a la verdad, fortalecer los registros nacionales de feminicidios, armonizar las legislaciones estatales y desarrollar campañas permanentes de prevención de la violencia contra las mujeres.
Además, establece lineamientos para que medios de comunicación y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas y sus familias, evitando la difusión de imágenes degradantes o contenidos que hagan apología de la violencia.
De ser aprobada por el Congreso, la nueva Ley General contra el Feminicidio marcaría un cambio estructural en la persecución de este delito al establecer criterios uniformes para investigar, sancionar y reparar el daño en todo el país, con un enfoque centrado en los derechos de las víctimas y el combate a la impunidad.
