Gobernación perfila estrategia de contención social tras aprobación de la Ley Nacional de Aguas
Más allá del aval legislativo, la aprobación de la nueva Ley Nacional de Aguas abrió un frente de gestión política que la Secretaría de Gobernación (Segob) busca administrar con precisión. Desde Palacio Nacional, la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó la relevancia del decreto aprobado por el Congreso de la Unión, pero también reconoció la necesidad de sostener un diálogo permanente para evitar que la inconformidad social escale en las regiones más sensibles del país.
Durante la conferencia matutina —encabezada por la Secretaria en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en Washington para encuentros bilaterales y el sorteo del Mundial 2026—, Rodríguez Velázquez afirmó que la reforma hídrica no sólo responde a una urgencia técnica, sino también a un consenso político gestado en meses de negociación con legisladores, productores y organismos empresariales.
Un aval legislativo con costos políticos
La nueva Ley Nacional de Aguas superó una votación amplia en el Senado —85 votos a favor y 36 en contra— tras un extenso debate previo en la Cámara de Diputados que se prolongó por 24 horas. Para la titular de Segob, este resultado refleja “responsabilidad política” de ambas cámaras.
Sin embargo, en el trasfondo persiste la tensión: si bien la funcionaria agradeció el respaldo de organismos como la Concamín, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Consultivo del Agua y asociaciones de distritos de riego, admitió que no todas las inquietudes han sido disipadas a nivel territorial, especialmente entre productores medianos y pequeños.
Control del agua y combate al acaparamiento, los ejes que tensan el debate
Rodríguez Velázquez insistió en que los artículos aprobados buscan dar certidumbre a las actividades productivas y frenar la concentración del recurso hídrico en pocas manos, un fenómeno que en diversas regiones ha provocado conflictos entre comunidades, industrias y gobiernos locales.
“Esta Ley conlleva a poner orden en lo relativo a la cuestión hídrica y evitar el almacenamiento y la concentración”, reiteró.
La funcionaria reconoció que el control del agua es un tema históricamente conflictivo en el país y que, aunque el dictamen incorporó demandas de múltiples sectores, el reto principal ahora es garantizar que la narrativa oficial llegue a las zonas donde persisten dudas y percepciones de riesgo.
Diálogo permanente para contener la inconformidad
Ante la continuidad de manifestaciones y bloqueos carreteros, Segob activará un esquema de diálogo permanente con productores agrícolas y campesinos. La titular de Gobernación expresó preocupación por la persistencia de las protestas, al afirmar que las principales demandas fueron integradas en el documento final.
“Vamos a continuar atendiendo para quitar cualquier duda. Queremos darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo”, dijo.
Detrás de este anuncio se perfila un esfuerzo por controlar la narrativa y evitar que las movilizaciones se conviertan en un conflicto mayor justo en el arranque del nuevo gobierno.
Cierre administrativo: publicación inminente
En el terreno procedimental, la Segob informó que la Ley Nacional de Aguas podría quedar publicada en el Diario Oficial de la Federación en cuestión de horas. Se prevé que la edición vespertina de hoy incluya el decreto, aunque también podría aparecer la próxima semana.
De concretarse, la publicación oficial daría inicio a la implementación normativa, pero también colocaría a Gobernación ante la fase más delicada del proceso: la administración del descontento social en torno a un recurso tan estratégico como el agua.
