Fiscalía de Campeche busca llevar ante juez a 32 exfuncionarios de Alejandro Moreno por presunto desvío de 270 mdp
La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) prepara acciones judiciales contra 32 exservidores públicos que formaron parte de la administración del priísta Alejandro Moreno Cárdenas, correspondiente al periodo 2015-2019.
De acuerdo con fuentes de la institución, los investigados estarían relacionados con un presunto esquema de desvío de recursos públicos que supera los 270 millones de pesos y en el que habrían sido utilizadas empresas consideradas “factureras”.
Investigan operaciones de 12 dependencias
Las investigaciones apuntan a que los recursos fueron canalizados mediante compañías con características de empresas fantasma y domicilios fiscales tanto en Campeche como en la Ciudad de México.
El presunto mecanismo habría involucrado a 12 secretarías y dependencias estatales durante un periodo de aproximadamente cinco años. Entre las instituciones donde se documentaron posibles irregularidades figuran las secretarías de Seguridad Pública, Salud, Protección Civil, Turismo y Educación.
También aparecen en las indagatorias la Unidad de Comunicación Social del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado, entre otras dependencias.
Las carpetas de investigación fueron integradas a partir de denuncias presentadas por organismos fiscalizadores de Campeche. Los exfuncionarios deberán comparecer ante las autoridades a partir de este mes para que se determine su situación jurídica.
17 detenidos y procesos por peculado
Hasta ahora, la Feccecam ha detenido a 17 personas vinculadas con la administración de Moreno Cárdenas, además de un empresario señalado por recibir de manera presuntamente irregular recursos provenientes del fideicomiso del 2 por ciento sobre nóminas.
Todos fueron vinculados a proceso. Sin embargo, 16 enfrentan sus procedimientos en libertad y únicamente uno permanece privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.
Uno de los primeros casos fue el del exsecretario de Pesca Raúl UH, detenido en 2023 por un supuesto desvío de 5 millones de pesos. Tras permanecer varias semanas en prisión, obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza.
Exfuncionarios enfrentan acusaciones millonarias
Entre los expedientes también se encuentran José Domingo N, exsecretario de Desarrollo Económico, y Pablo N, exdirector del Fideicomiso del 2 por ciento sobre Nómina, señalados por un presunto quebranto de 25 millones de pesos.
En ese mismo caso fue procesado el empresario Miguel ÁDQ, acusado de recibir recursos para la construcción de una plaza comercial. El propietario de la televisora Mayavisión también enfrenta otra investigación por la recepción de apoyos millonarios cuya comprobación no habría sido acreditada debidamente.
Por su parte, Adlemi SR, exdirectora del Colegio de Bachilleres de Campeche, es investigada por peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto superior a 3 millones de pesos.
En otro expediente, el exdirector de Protección Civil Édgar N y Mario N, trabajador de esa dependencia, tuvieron que reintegrar 600 mil pesos para evitar una posible detención.
Seguridad Pública, otra de las áreas bajo investigación
En la Secretaría de Seguridad Pública fueron vinculados a proceso el exsecretario Jorge AU, el exsubsecretario en Ciudad del Carmen Julio LC, el director de la Policía Estatal Samuel S y la directora administrativa Karla N.
Los cuatro son señalados por un presunto desvío de aproximadamente 30 millones de pesos.
En la Secretaría de Obras Públicas, Álvaro B, exfuncionario de la dependencia, fue detenido y posteriormente obtuvo su libertad mediante una fianza. Se le atribuye un posible desvío de un millón 700 mil pesos relacionado con la construcción del inmueble conocido como Ciudad Administrativa.
También investigan a exdirectivos de Comunicación Social y agua potable
Entre los casos más recientes aparece Walter OV, exdirector de Comunicación Social del gobierno estatal, quien fue detenido por un supuesto manejo irregular de 16 millones de pesos.
En una investigación distinta fueron procesados Sergio BC, exdirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, y Antonio AO, quien se desempeñaba como director administrativo. Ambos son señalados por un presunto desvío de 16 millones de pesos.
Otro de los expedientes que ha generado mayor atención es el de Ernesto EC, quien se desempeñó como contador de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador Alejandro Moreno.
La semana pasada fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por un presunto peculado de 36 millones de pesos. Actualmente es el único de los implicados que permanece en prisión, en el reclusorio de San Francisco Kobén.
Exdirector de Comunicación Social obtiene libertad bajo fianza
El pasado 11 de agosto fue detenido Carlos Alberto MH, quien ocupó la Dirección de Comunicación Social durante la parte final del gobierno de Moreno Cárdenas.
Once días después fue vinculado a proceso por un supuesto desvío de 36 millones de pesos. No obstante, obtuvo su libertad tras cubrir una fianza de 200 mil pesos.
Oposición pide investigar a exsecretaria de Finanzas
Ante las investigaciones, partidos de oposición en Campeche han solicitado a la gobernadora Layda Sansores que se incluya en las indagatorias a América Azar Pérez, quien se desempeñó como secretaria de Finanzas durante la administración de Alejandro Moreno.
Los opositores argumentan que la exfuncionaria habría tenido participación en el manejo de los recursos debido a que era responsable de firmar los cheques correspondientes a los montos que actualmente son objeto de investigación.
Alejandro Moreno lleva acusaciones a la ONU
Mientras las autoridades campechanas avanzan con las investigaciones, Alejandro Moreno informó mediante sus redes sociales que realizó una nueva visita a Estados Unidos.
El también dirigente priísta señaló que acudió a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde presentó una denuncia sobre lo que calificó como la “grave situación” que atraviesa México.
Moreno afirmó que existen presuntas violaciones sistemáticas cometidas por el gobierno federal y cuestionó la difusión de listas en las que, según dijo, han sido señalados periodistas y ciudadanos.
