FGR respondió a EU que no hay “pruebas suficientes” contra Rocha Moya; caso sigue en investigación
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no existen pruebas suficientes para respaldar solicitudes de detención con fines de extradición en contra de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que las autoridades estadounidenses enviaron las peticiones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), instancia que posteriormente consultó a la FGR sobre la viabilidad jurídica de proceder.
“La fiscalía respondió que no hay elementos suficientes y así se notificó al gobierno de Estados Unidos a través de Relaciones Exteriores”, señaló Sheinbaum.
Investigación permanece abierta
La presidenta aclaró que, aunque la FGR rechazó proceder con las órdenes solicitadas, el expediente no fue cerrado. Indicó que la institución abrió una investigación para revisar los señalamientos y definir si existen posibles responsabilidades conforme al marco legal mexicano.
El caso deriva de solicitudes de detención provisional promovidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa y con posibles delitos vinculados al narcotráfico y operaciones con recursos ilícitos.
SSPC niega ficha roja contra Rocha Moya
Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este miércoles que Rubén Rocha Moya no cuenta con ficha roja de Interpol, luego de realizar consultas tanto en México como a nivel internacional.
La dependencia detalló que no existe ninguna notificación roja activa en contra del mandatario con licencia y recordó que este mecanismo internacional funciona únicamente como una alerta de búsqueda y localización, no como una orden de captura automática.
García Harfuch explica alcance de las fichas rojas
En la misma conferencia matutina, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que una ficha roja de Interpol no autoriza por sí sola la detención de una persona en territorio mexicano.
“No porque exista una ficha roja se puede detener automáticamente a alguien”, puntualizó el funcionario, quien agregó que cualquier acción debe pasar por un proceso de validación entre autoridades nacionales e internacionales.
Asimismo, destacó que este tipo de mecanismos forman parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.
Especialista advierte debilidad en la respuesta oficial
Sobre el caso, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, consideró que las solicitudes emitidas por Estados Unidos están contempladas dentro del tratado de extradición vigente entre ambos países, por lo que no representan una intervención indebida.
No obstante, opinó que la respuesta del gobierno mexicano podría interpretarse como una postura débil frente a las acusaciones, además de sugerir que las autoridades buscan “ganar tiempo” mientras avanzan las investigaciones.
Cossío también planteó que las medidas de seguridad implementadas alrededor de los señalados podrían funcionar como mecanismos de control indirecto mientras se define su situación jurídica.
Señalamientos elevan tensión política y jurídica
El exministro advirtió que este caso posee características distintas a otros expedientes recientes debido a que involucra acusaciones relacionadas con el presunto uso de recursos ilícitos en campañas electorales, situación que incrementa la complejidad política y legal del asunto.
Finalmente, recordó que la propia Interpol establece que muchas de sus fichas rojas son de uso exclusivo policial y no necesariamente se hacen públicas, ya que su difusión depende de la decisión del país solicitante y de los lineamientos del organismo internacional.
