FGR desmantela gigantesca red nacional de huachicol fiscal ferroviario
Investigación revela millonario fraude aduanero, financiero y fiscal; hay 25 órdenes de captura y daños superiores a cuatro mil millones.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró haber desarticulado la mayor organización dedicada al huachicol fiscal detectada hasta ahora en México, una red que utilizaba el sistema ferroviario para introducir combustibles desde Estados Unidos mediante operaciones fraudulentas que ocasionaron pérdidas superiores a los cuatro mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
Durante la presentación de los avances de la investigación, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que el caso permitió la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto “N”, señalado como fundador de una empresa relacionada con actividades portuarias y considerado por las autoridades como uno de los personajes vinculados al origen de la estructura criminal. Además, fueron capturadas otras cuatro personas y permanecen vigentes 25 órdenes de aprehensión.
Las investigaciones establecen que la organización operaba mediante una sofisticada red empresarial, logística, financiera y aduanera para introducir hidrocarburos provenientes de refinerías de Texas. El combustible ingresaba principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, desde donde era distribuido hacia entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.
El esquema consistía en declarar únicamente 10 mil litros por cada carro tanque, cuando la capacidad real alcanzaba hasta 110 mil litros, ocultando cerca del 90 por ciento del combustible transportado para reducir el pago de impuestos y evadir los controles fiscales.
Una vez dentro del país, el combustible era descargado en terminales ferroviarias y trasladado mediante pipas y tractocamiones pertenecientes a diversas empresas que lo comercializaban sin contar con los permisos regulatorios correspondientes.
La FGR documentó que al menos 15.2 millones de litros de hidrocarburos no fueron declarados correctamente y que 162 carros tanque participaron en las operaciones investigadas. Tan sólo en esos cargamentos, el daño al erario asciende a 106.8 millones de pesos por la evasión del IEPS y del IVA.
Sin embargo, al ampliar las indagatorias sobre 4 mil 238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025, las autoridades estimaron que el perjuicio para la Hacienda Pública supera los cuatro mil millones de pesos.
La investigación también reveló una compleja red financiera utilizada para ocultar los recursos obtenidos de manera ilícita. La Fiscalía detectó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en alrededor de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares.
De acuerdo con Ernestina Godoy, las cuentas bancarias funcionaban como “cuentas puente”, mecanismo mediante el cual los recursos ingresaban y eran transferidos casi de inmediato para dificultar su rastreo, además de identificar triangulación de recursos y transferencias hacia empresas extranjeras.
El caso comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques cargados con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025. A partir de ese decomiso, la FGR reconstruyó toda la cadena de operación mediante el análisis de información aduanera, fiscal, ferroviaria, financiera y corporativa, identificando una red con presencia en Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
La fiscal destacó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 se ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustibles que operaban por vía marítima, terrestre y ferroviaria.
Finalmente, la FGR sostuvo que continuará ejecutando las órdenes de captura pendientes y profundizando las investigaciones para desmantelar por completo esta estructura, al considerar que el huachicol fiscal representa una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales y genera severas afectaciones a las finanzas públicas y al mercado legal de combustibles.
