FGR amplía investigaciones por presuntos vínculos criminales señalados
La Fiscalía citó a funcionarios, ex servidores públicos y una gobernadora para esclarecer posibles nexos con redes criminales y corrupción política.
La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó este sábado las investigaciones relacionadas con las solicitudes de detención provisional promovidas por autoridades de Estados Unidos contra 10 mexicanos presuntamente ligados a “Los Chapitos”, brazo delictivo del Cártel de Sinaloa, y comenzó a citar a declarar a funcionarios, ex servidores públicos y actores políticos mencionados en los expedientes enviados desde Washington.
De acuerdo con fuentes federales, la dependencia abrió diversas líneas de investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los señalados por el Departamento de Justicia estadounidense, particularmente en casos relacionados con presuntos vínculos con organizaciones criminales, operaciones financieras ilícitas y redes de corrupción política en Sinaloa.
Entre las personas llamadas a comparecer destacan el senador Enrique Inzunza y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quienes fueron mencionados en una acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.
La FGR precisó que hasta el momento no existe un proceso formal de extradición en curso, sino únicamente solicitudes de detención provisional enviadas por la vía diplomática mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que las investigaciones permanecen en fase inicial.
La institución encabezada por Ernestina Godoy sostuvo que las autoridades estadounidenses no entregaron en una primera etapa pruebas suficientes que justificaran la urgencia de las detenciones, motivo por el cual el gobierno mexicano solicitó documentación complementaria antes de definir cualquier medida judicial.
Como parte del proceso, todas las personas vinculadas con los expedientes deberán rendir declaración ministerial para fortalecer las investigaciones abiertas en territorio nacional y determinar posibles responsabilidades penales conforme al marco jurídico mexicano.
En un expediente distinto, la FGR también citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por las investigaciones relacionadas con el operativo en la Sierra Tarahumara donde murieron agentes estadounidenses y mexicanos durante una incursión vinculada con presuntas operaciones de inteligencia.
La mandataria estatal confirmó que acudirá a declarar ante las autoridades federales, aunque denunció que existe una presunta persecución política en su contra derivada de los acontecimientos recientes y de la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de seguridad.
