Expertos plantean evaluar fracking bajo estrictas condiciones ambientales nacionales
Comisión científica recomienda analizar gas no convencional para reducir importaciones, mantiene veto en Tampico-Misantla y prioriza transición energética sustentable
La posibilidad de aprovechar los yacimientos de gas no convencional en México volvió al centro del debate energético, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer las conclusiones preliminares de la Comisión de Gas No Convencional, integrada por 54 especialistas, quienes concluyeron que el país difícilmente alcanzará la soberanía energética únicamente con energías renovables, eficiencia energética y una mayor producción de gas convencional.
El grupo de expertos recomendó evaluar el desarrollo de proyectos de extracción mediante fracturamiento hidráulico (fracking), aunque únicamente bajo un esquema de estrictos controles científicos, ambientales y sociales. Al mismo tiempo, propuso mantener la prohibición de esta técnica en la región Tampico-Misantla, al considerar que sus características ambientales, su biodiversidad y la alta densidad poblacional representan riesgos que hacen inviable cualquier proyecto.
Durante la presentación en Palacio Nacional, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, explicó que la comisión fue creada para realizar una evaluación sustentada en evidencia científica sobre los beneficios, riesgos y experiencias internacionales relacionadas con la explotación de gas no convencional.
Los especialistas trabajaron en cuatro grupos enfocados en ingeniería, recursos hídricos, impacto ambiental y social, así como planeación energética, además de intercambiar información con dependencias federales, Petróleos Mexicanos, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y expertos de Estados Unidos y Canadá.
El diagnóstico advierte que México consume actualmente 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales el 58 por ciento se destina a la generación eléctrica. Además, el país importa alrededor del 75 por ciento del gas que utiliza y el 93 por ciento de esas compras provienen de yacimientos explotados mediante fracking en Estados Unidos.
De mantenerse la tendencia de consumo, la demanda nacional podría aumentar hasta 10.8 mil millones de pies cúbicos diarios en 2030, lo que incrementaría la dependencia del mercado estadounidense.
Antes de recurrir al gas no convencional, la comisión propuso fortalecer la generación de electricidad con fuentes renovables, impulsar programas de eficiencia energética, aumentar la producción de gas convencional, reducir la quema de gas en campos petroleros y ampliar los sistemas de cogeneración eficiente. Sin embargo, los especialistas concluyeron que estas medidas, por sí solas, no garantizarían la autosuficiencia energética.
El informe también identifica un importante potencial de recursos prospectivos en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro-Picachos y Tampico-Misantla, estimado en 141.5 billones de pies cúbicos de gas natural no convencional, aunque aclaró que será necesario realizar estudios y perforaciones exploratorias para confirmar la magnitud de las reservas explotables.
En caso de autorizarse proyectos futuros, el comité estableció condiciones obligatorias, entre ellas prohibir el uso de agua dulce para el fracturamiento hidráulico, utilizar únicamente agua salada de formaciones profundas, reciclar al menos el 75 por ciento del líquido empleado, eliminar sustancias altamente tóxicas, monitorear permanentemente acuíferos y ecosistemas, garantizar consultas previas con las comunidades y transparentar toda la información relacionada con los procesos de extracción.
Asimismo, se propuso crear un sistema independiente de vigilancia científica para supervisar la calidad del agua, la actividad sísmica y el cumplimiento de las medidas ambientales.
Los especialistas concluyeron que la transición hacia energías limpias debe mantenerse como la prioridad de la política energética nacional; no obstante, sostuvieron que el gas no convencional podría convertirse en un recurso estratégico para fortalecer la seguridad y la soberanía energética del país, siempre que cualquier decisión esté respaldada por evidencia científica y por estrictos estándares de protección ambiental y social.
