Eliminar El Fonden Permitió Respuesta Inmediata Y Transparente Ante Desastres Naturales, Gobierno de México
El antiguo fondo operaba con opacidad, demoras y desvíos millonarios; ahora la ayuda se entrega de manera directa a las familias afectadas, informó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
En la conferencia matutina “Las Mañaneras del Pueblo”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación de un informe del Gobierno de México sobre el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el cual fue calificado como un instrumento ineficiente, burocrático y corrupto, que durante décadas impidió una atención oportuna y transparente a la población afectada por emergencias.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que el FONDEN —creado durante el periodo neoliberal— operaba mediante fideicomisos públicos poco fiscalizados y procesos que tardaban hasta 42 días hábiles en liberar recursos, lo que dificultaba la atención inmediata a comunidades damnificadas.
Además, los gobiernos estatales estaban obligados a cubrir el 50 por ciento del costo de las acciones de reconstrucción, lo que generaba desigualdades en la respuesta ante emergencias, ya que no todas las entidades contaban con recursos suficientes.
Buenrostro subrayó que, a lo largo de distintos sexenios, el FONDEN se convirtió en un mecanismo discrecional y opaco, con irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incluyen faltantes de hasta 500 millones de pesos por evento y desvíos de fondos destinados a la atención de desastres.
Irregularidades históricas en el manejo del FONDEN
Durante su exposición, la secretaria presentó ejemplos de casos emblemáticos de corrupción y mal uso de los recursos:
Gobierno de Vicente Fox (2005): Se reportaron compras a sobreprecio de hasta 375% en medicamentos y material de curación; además, la ASF señaló observaciones por 182 millones de pesos no solventadas.
Gobierno de Felipe Calderón (2010-2011): En Veracruz, tras los huracanes Karl y Matthew, se destinaron 7 mil 411 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal no ejerció ni devolvió 531.7 millones. En Tabasco, 215.5 millones del FONDEN fueron utilizados para cubrir déficit financiero estatal y se detectaron triangulaciones de recursos y pagos no relacionados con emergencias.
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2017): Tras los huracanes Ingrid y Manuel, la ASF detectó sobreejercicio de 445 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En los sismos de 2017, se registraron pagos irregulares por 90 millones, demoras de hasta 20 días en la emisión de declaratorias y deficiencias graves en la reconstrucción de viviendas y hospitales.
Nuevo modelo: apoyo directo y sin intermediarios
La funcionaria destacó que con la eliminación del FONDEN durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano adoptó un nuevo modelo de atención a emergencias basado en la entrega directa de apoyos a las personas afectadas, sin intermediarios ni procesos burocráticos prolongados.
“Hoy los recursos llegan directamente a quienes lo necesitan. Ya no se triangulan ni se pierden en estructuras administrativas. La respuesta del Estado es inmediata y con total transparencia”, afirmó Buenrostro.
De acuerdo con el informe, esta política ha permitido una reacción más rápida y efectiva en los últimos fenómenos naturales:
Huracán Otis (2023): 301 mil 76 personas atendidas.
Huracán John (2024): 143 mil 484 personas beneficiadas.
Huracán Erick (2025): 59 mil 512 personas con apoyo directo.
Sheinbaum: “La protección civil debe ser sin corrupción y con justicia social”
Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el cambio de paradigma en la gestión de desastres refleja la nueva visión del gobierno: “una protección civil con justicia social, sin corrupción y centrada en las personas, no en las estructuras burocráticas”.
Subrayó que, a diferencia del pasado, ahora la atención se coordina de manera inmediata entre dependencias federales, estatales y municipales, priorizando la restitución de derechos básicos como vivienda, salud y educación.
“Ya no hay espacio para la simulación ni para la opacidad. El dinero público se destina a la gente, no a las élites que hacían negocio con la tragedia”, enfatizó la mandataria.
Con esta revisión, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en la atención a desastres naturales, dejando atrás un modelo que —según el propio informe— se convirtió en “un ejemplo paradigmático de corrupción institucionalizada”.
