El silencio oficial
La víspera del Día de la Libertad de Expresión encuentra a México atrapado en una paradoja profundamente amarga: nunca existieron tantas plataformas para hablar y jamás había resultado tan costoso disentir del poder.
El régimen que llegó prometiendo apertura democrática, pluralidad y fin de la censura terminó construyendo un sofisticado aparato cotidiano de presión política contra periodistas, medios y voces incómodas.
La censura en tiempos de la Cuarta Transformación ya no necesita policías entrando a redacciones ni oficinas clausuradas por Gobernación.
El método evolucionó. Ahora funciona mediante linchamientos desde el poder, campañas digitales, presión fiscal, asfixia publicitaria y deslegitimación sistemática desde la tribuna presidencial.
Durante años López Obrador convirtió las mañaneras en tribunales políticos. Desde ahí señalaba periodistas, exhibía reportajes, desacreditaba investigaciones y colocaba nombres propios frente a millones de personas. “Prensa fifí”, “mercenarios”, “pasquines inmundos”, “vendidos”: el lenguaje presidencial dejó de ser simple retórica y terminó funcionando como una forma de señalamiento institucional.
La consecuencia fue inmediata. México se convirtió en un país donde ejercer el periodismo crítico implicaba enfrentar simultáneamente al crimen organizado, a estructuras locales de poder y ahora también a una maquinaria digital impulsada desde el oficialismo.
La herencia permanece intacta. Claudia Sheinbaum intentó suavizar el tono, aunque preservó exactamente la misma lógica política: dividir a los medios entre aliados funcionales y adversarios sospechosos. La diferencia radica apenas en el estilo. López Obrador golpeaba con mazo. La presidenta utiliza bisturí, ironía y descalificación calculada.
Hace apenas unos días cruzó una frontera particularmente delicada. Desde Palacio Nacional llamó públicamente a dejar de ver TV Azteca. La presidenta acusó a la televisora de mantener campañas de manipulación y desinformación. El episodio habría resultado grave en cualquier democracia seria.
Pronunciado desde el poder presidencial adquiere otra dimensión. Porque cuando la jefa del Estado señala directamente a un medio y sugiere castigarlo mediante el rechazo de audiencias, el mensaje deja de ser una simple crítica y se convierte en presión política con implicaciones económicas y simbólicas.
Todavía más revelador resulta el contexto de fondo. Ricardo Salinas Pliego mantiene una guerra abierta con el gobierno federal derivada de litigios fiscales multimillonarios.
Morena convirtió al empresario en uno de sus villanos favoritos y el empresario respondió utilizando TV Azteca y redes sociales como trincheras permanentes contra el oficialismo. La invitación presidencial a abandonar la televisora aparece entonces menos como una defensa ética de la información y más como parte de una disputa política y económica profundamente personal.
Y ahí aparece el verdadero peligro.
La libertad de expresión jamás se diseñó para proteger medios dóciles o periodistas alineados con el gobierno. Su razón de existir consiste precisamente en garantizar el derecho a cuestionar, incomodar, exagerar e incluso irritar al poder.
El problema actual radica en que la Cuarta Transformación parece concebir la prensa bajo una lógica binaria y profundamente autoritaria: periodistas afines reciben acceso, contratos publicitarios y legitimidad pública; periodistas críticos son convertidos en enemigos políticos.
El resultado terminó construyendo uno de los ambientes más hostiles para el ejercicio periodístico en décadas. México sigue apareciendo entre los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión.
Reporteros asesinados, medios infiltrados por crimen organizado, amenazas permanentes y zonas completas donde informar significa jugarse literalmente la vida forman parte de la normalidad nacional. A esa violencia estructural se suma ahora una erosión constante impulsada desde el poder.
Cada vez que la presidenta desacredita periodistas críticos desde la tribuna presidencial alimenta exactamente ese ecosistema de hostilidad.
La situación resulta todavía más preocupante porque el oficialismo logró perfeccionar un mecanismo extraordinariamente eficaz: convertir toda crítica en conspiración política.
Cualquier investigación sobre corrupción, vínculos criminales, tráfico de influencias o irregularidades gubernamentales recibe inmediatamente el mismo tratamiento. Primero desacreditan al periodista. Después cuestionan al medio. Más tarde hablan de campañas financiadas por adversarios políticos o intereses extranjeros.
Finalmente el contenido original desaparece sepultado bajo ruido ideológico.
Así el poder evita responder preguntas incómodas y transforma el periodismo en pleito partidista.
Mientras tanto, las redes sociales operan como nuevos aparatos de intimidación.
Influencers militantes, cuentas oficiales, operadores digitales y ejércitos de bots participan diariamente en campañas de hostigamiento contra periodistas independientes. El viejo autoritarismo mexicano censuraba mediante llamadas telefónicas desde Bucareli. El nuevo modelo lo hace mediante tendencias, linchamientos digitales y desgaste reputacional masivo.
La ironía histórica resulta devastadora. El movimiento que pasó años denunciando censura, manipulación mediática y abuso presidencial descubrió súbitamente las virtudes del control narrativo una vez instalado en Palacio Nacional. Morena se presenta permanentemente como víctima mediática aun siendo la fuerza política dominante del país. El régimen actúa como oposición perseguida mientras concentra el poder presidencial, legislativo y territorial más amplio de las últimas décadas.
La contradicción retrata el verdadero fondo del problema: el oficialismo jamás quiso pluralidad; quería hegemonía narrativa.
Por eso cualquier voz crítica termina siendo tratada como amenaza política. Por eso periodistas incómodos aparecen diariamente exhibidos desde la tribuna presidencial. Por eso medios críticos enfrentan presión fiscal, campañas de desprestigio o pérdida de publicidad oficial. Por eso el gobierno parece obsesionado con desacreditar antes que responder.
Y en medio de todo eso aparece la pregunta más incómoda de cara al Día de la Libertad de Expresión: ¿qué clase de democracia construye un poder que necesita señalar periodistas para sostener su narrativa?
Las democracias rara vez mueren mediante censura abierta y brutal. Generalmente se deterioran de manera gradual. Primero llegan las descalificaciones. Después el descrédito. Más tarde la presión económica.
Finalmente aparece la autocensura, ese momento donde periodistas y medios comienzan a calcular qué temas vale la pena tocar y cuáles podrían resultar demasiado costosos.
México empieza peligrosamente a reconocer cada una de esas etapas.
Y quizá ahí radique la señal más alarmante de todas.
Tiempo al tiempo.
