El petróleo decide
El debate internacional en torno a Nicolás Maduro ha sido conducido deliberadamente hacia una discusión moral y personalista. Se enfatiza la naturaleza autoritaria de su gobierno, el deterioro democrático venezolano y las denuncias penales en su contra.
Estos elementos forman parte del contexto, pero no constituyen el núcleo del problema. El eje real del conflicto se sitúa en la disputa por el control de un recurso estratégico y en la redefinición práctica de los límites de la soberanía estatal en el sistema internacional contemporáneo.
Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica por razones estructurales. Posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo en un momento en que la seguridad energética ha recuperado su carácter prioritario para las grandes potencias.
La crisis económica, el colapso institucional y el aislamiento diplomático del país han facilitado la construcción de una narrativa que presenta la intervención externa como una medida correctiva y la presión política como una forma legítima de tutela internacional.
En este contexto, la actuación de Donald Trump responde a una concepción del poder basada en la disrupción y la coerción. Su estilo prescinde de los mecanismos tradicionales de negociación multilateral y reduce la complejidad de los conflictos a esquemas de imposición directa. La imprevisibilidad opera como recurso estratégico: genera incertidumbre, inhibe resistencias y desplaza el debate del plano jurídico al terreno de la fuerza efectiva.
La consecuencia inmediata de esta lógica es la relativización del derecho internacional. La soberanía deja de entenderse como un principio inviolable y se transforma en una condición sujeta a evaluación política.
El enjuiciamiento, la captura o la remoción de un jefe de Estado extranjero se presentan como acciones excepcionales justificadas por razones superiores, cuando en realidad responden a una correlación asimétrica de poder.
Este desplazamiento tiene implicaciones profundas: sin duda, lesiona el sistema de normas que regula la convivencia entre Estados y normaliza la intervención selectiva como instrumento de política exterior.
Las reacciones de la comunidad internacional reflejan esa fragilidad. Las potencias europeas han emitido llamados a la prudencia sin capacidad real de incidencia. América Latina muestra una división marcada entre la cautela diplomática y el silencio estratégico.
Los organismos multilaterales, diseñados para contener este tipo de escenarios, exhiben límites evidentes frente a decisiones unilaterales de actores dominantes. El orden internacional aparece así debilitado, condicionado por intereses energéticos y por la voluntad de quienes tienen capacidad de imponerlos.
México se encuentra en una posición particularmente delicada. Su política exterior ha sostenido históricamente el principio de no intervención como eje normativo. Sin embargo, enfrenta presiones directas de Estados Unidos en materias que van desde la migración hasta la seguridad y la energía. La relación bilateral se desarrolla bajo una lógica de condicionamientos explícitos, donde la amenaza sustituye al acuerdo y la fuerza simbólica busca disciplinar conductas estatales.
Aceptar este marco implica asumir que el poder puede situarse por encima del derecho sin consecuencias sistémicas. El problema excede a Maduro y desborda el caso venezolano. Lo que está en juego es la vigencia misma de la soberanía como límite efectivo frente a la intervención externa. Cuando ese límite se debilita, ningún Estado queda exento de ser considerado prescindible si sus recursos resultan estratégicos.
La experiencia histórica es clara. Las intervenciones motivadas por intereses energéticos rara vez producen estabilidad duradera. Modifican equilibrios de poder, transfieren control sobre recursos y profundizan la dependencia de los países intervenidos. Los costos recaen de manera sistemática sobre las sociedades locales, mientras las decisiones se toman fuera de su ámbito político.
La estrategia de Trump apuesta a la confusión como mecanismo de control.
Convierte la política internacional en un escenario de presión constante donde la previsibilidad se interpreta como debilidad. Frente a ello, la defensa del derecho internacional no constituye una adhesión ideológica ni una validación de gobiernos cuestionados. Es una condición mínima para preservar reglas comunes en un entorno global cada vez más inclinado a resolver disputas mediante la fuerza.
La soberanía no se administra ni se concede. Se respeta o se vulnera. Cuando el petróleo define las decisiones, el derecho suele quedar subordinado. Y cuando esa subordinación se normaliza, el orden internacional pierde su fundamento y se convierte en una estructura gobernada por la imposición.
En ese escenario, la estabilidad es siempre provisional y la justicia, inevitablemente, tardía.
Tiempo al tiempo.
