El gobierno de Trump impone nuevos aranceles a 60 socios comerciales; México, entre los afectados
El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha este viernes una nueva ronda de aranceles a las importaciones provenientes de alrededor de 60 socios comerciales, bajo el argumento de que esos países no han aplicado medidas suficientes para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzado.
Las nuevas tarifas oscilarán entre el 10% y el 12.5% y alcanzarán a importantes economías como México —en las exportaciones que no están amparadas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)—, además de Canadá, la Unión Europea, Reino Unido, Japón e India.
La decisión representa un nuevo capítulo en la estrategia comercial impulsada por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato, marcada por una política de mayor proteccionismo y presión sobre sus principales socios.
América Latina también resentirá el impacto
Además de México, la medida afectará a varios países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La administración estadounidense sostiene que estos gravámenes buscan incentivar a los gobiernos extranjeros a reforzar las acciones contra el trabajo forzado en sus cadenas de suministro.
Washington recurre a nuevas bases legales
Después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinó este año que varios aranceles aplicados mediante facultades de emergencia fueron implementados de manera ilegal, la administración Trump ha recurrido a otros mecanismos jurídicos para sostener su política comercial.
En esta ocasión, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, invocó el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite adoptar medidas contra prácticas comerciales consideradas perjudiciales para los intereses estadounidenses.
A principios de la semana, el gobierno también utilizó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 para imponer un arancel del 50% a productos procedentes de Canadá.
Aranceles dependerán del combate al trabajo forzado
La Oficina del Representante Comercial explicó que los países que hayan aceptado incorporar y aplicar de forma efectiva la prohibición de importar mercancías elaboradas con trabajo forzado enfrentarán un arancel de 10%.
En cambio, aquellos que no hayan asumido ese compromiso o no demuestren avances suficientes estarán sujetos a una tasa de 12.5%.
Según Washington, diez socios comerciales ya aceptaron incorporar estas disposiciones en sus acuerdos con Estados Unidos, mientras que otras naciones han comenzado recientemente a implementar restricciones similares.
Jamieson Greer aseguró que la medida busca combatir prácticas que, además de representar violaciones a los derechos humanos, generan distorsiones en el comercio internacional y afectan la competitividad de los trabajadores estadounidenses.
Economistas alertan por posibles aumentos de precios
Aunque Donald Trump sostiene que los nuevos aranceles fortalecerán la manufactura nacional y crearán empleos en Estados Unidos, especialistas advierten que la medida podría traducirse en mayores costos para consumidores y empresas.
Debido a que los impuestos son cubiertos inicialmente por las compañías importadoras, los incrementos suelen trasladarse al precio final de productos de consumo cotidiano, desde alimentos hasta electrodomésticos y equipos electrónicos.
Se anticipan represalias comerciales
La Casa Blanca defiende la política arancelaria como una herramienta para proteger la producción nacional y garantizar condiciones de competencia más equitativas.
Sin embargo, gobiernos y organizaciones empresariales de distintos países ya analizan posibles recursos legales y medidas de respuesta frente a la decisión estadounidense.
Además, la administración Trump mantiene abiertas investigaciones comerciales contra 16 países por presuntos excesos de capacidad productiva, un proceso que podría desembocar en nuevas rondas de aranceles antes de concluir el año.
