El acarreo y el dinero de los programas sociales utilizados por Morena contra del gobierno de Chihuahua. Distractores ante lo ocurrido en Sinaloa.
Como en los viejos tiempos del PRI, Morena echó la casa por la ventana y gastó decenas de millones de pesos para llevar a centenares de acarreados de diversos estados, incluyendo la ciudad de México y del territorio mexiquense a Chihuahua, el pasado fin de semana, para manifestarse en contra de la gobernadora de esa entidad, Maru Campos, a los cuales les ofrecieron dinero, transporte, comida y, falta más, mantenerlos en los programas sociales o incorporarlos.
Varios de esos acarreados, principalmente mujeres muy humildes, entrevistadas por medios de comunicación locales y nacionales, no sabían en realidad a qué iban, pero todas daban una pista: fueron convocadas por los brigadistas de Morena y de la Secretaría de Bienestar. De otra manera no podría entenderse el debut como dirigente nacional de los guinda y blanco, de Ariadna Montiel, quien, en las tomas televisivas en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua, iba prácticamente atrás de Andy López Beltrán, escoltados por brigadistas morenistas, ante las airadas protestas organizadas por el PAN.
Y aunque transportistas, confabulados con el gobierno chihuahuense, realizaron un bloqueo quirúrgico en las carreteras para que no llegaran tantos acarreados en autobuses rentados, eso dio resultados, pues al mitin no llegaron más de cinco mil, aunque los morenistas organizadores del evento estuvieron diciendo que juntaron la friolera de ¡20 mil!, cifra que ni ellos mismos se lo creen. Pero más allá de las arengas morenistas en contra de la gobernadora, lo que está claro es que Morena pretende llevarla a juicio político por haber permitido que cuatro agentes de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) participaran en la localización y destrucción de uno de los más grandes narco-laboratorios que había en la Sierra Tarahumara.
Y también como un distractor frustrado con todo lo ocurrido con el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y sus secuaces, sobre todo, ahora que se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense, dos de los implicados, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, se encuentra detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado y el extitular de la Secretaría de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien se entregó en Nueva York.
Senadores y diputados de oposición manifestaron que esos dos exfuncionarios sinaloenses prefirieron entregarse a las autoridades de Estados Unidos para evitar que fueran asesinados y silenciados en México y sostuvieron que era necesario seguir alzando la voz, ya que México merece la verdad y la paz.
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, a quien Rubén Rocha Moya le llamaba “la meserita”, defendió a la administración de su antecesor por el nombramiento como secretario de Seguridad de Gerardo Mérida Sánchez, pues no sólo defendió al gobernador con licencia por este nombramiento, sino que responsabilizó a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por ello, Yeraldine Bonilla insistió en que ni el exsecretario de Seguridad ni el extitular de Finanzas, Enrique Díaz Vega, afectan al estado.
Olvida “la meserita” que la crisis comenzó a escalar desde la licencia de Rubén Rocha hace tres semanas, luego de que el morenista encabezara una lista de funcionarios señalados de operar para el narco en Sinaloa.
Paola Gárate, hoy diputada del PRI en Sinaloa, fue secuestrada horas antes de la elección local de 2021. Afirma que el crimen organizado impuso el triunfo de Morena mediante amenazas, secuestros y quema de casillas, convirtiendo los comicios en un “infierno” para quienes participaron.
“Me dijeron que tenía que ganar Morena”, recordó Paola Gárate, aspirante a diputada por el PRI en la elección de 2021 en Sinaloa. Se lo dijeron encapuchados con armas largas que la secuestraron. Narró que horas previas a los comicios del 6 de junio de 2021 fue interceptada en su casa de campaña, ubicada en la salida suroriente de Culiacán, y secuestrada por al menos 12 horas por hombres armados que se trasladaban en una veintena de camionetas.
En medio de la investigación por los presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que las cuentas del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya y de otros nueve funcionarios fueron bloqueadas: “Se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”, detalló la dependencia en una tarjeta informativa. Desde la semana se lo preguntaron a la presidenta en una de las conferencias mañaneras y dijo que “no sabía”. El tema se reduce a una frase: Sheinbaum los protege y ellos se entregan. Así se simple.
Y mientras el insoportable y nefasto el senador morenista, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que el gabinete de Seguridad del gobierno federal debió mantener “bajo resguardo” y con “ciertas limitaciones de movilidad” a Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, luego de que ambos se entregaron a autoridades de Estados Unidos, el expresidente Felipe Calderón reaccionó a la entrega en Estados Unidos de ambos. Los dos formaron parte de la administración de Rubén Rocha Moya.
“O sea, no hay pruebas, no hay pruebas, pero se entregaron. A confesión de parte, relevo de pruebas, dice el adagio jurídico”, escribió Calderón en su cuenta de X. El mensaje fue publicado en respuesta a una declaración del periodista Héctor de Mauleón, quien escribió: “Lo de narco-partido ya no se los quita ni Dios Padre. Ojalá no le estén pidiendo consejo al desquiciado que arrastró a México a este desastre. Porque eso sí ya sería el colmo”.
Y mientras tanto, en la medida que se acerca el mundial de futbol las organizaciones de las madres buscadoras de desaparecidos y los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ya les están preparando su “camita” a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación encabezados por Rosa Isela Rodríguez, a la que se sumarán los miles de desplazados de Guerrero, Michoacán y Zacatecas que han huido por la violencia desatada por los grupos criminales, la mayoría de ellos protegidos por Morena.
Sigan así. El repudio social crece.
