Detención de escoltas de Carlos Manzo abre nueva línea de investigación sobre fallas en el protocolo de seguridad
Morelia, Michoacán.— La detención de siete policías municipales que integraban el equipo de escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, abre un nuevo capítulo en torno al caso: las presuntas omisiones y fallas en los protocolos de protección que habrían facilitado el ataque contra el edil.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, los agentes —quienes formaban parte del esquema de seguridad del presidente municipal— fueron detenidos bajo la acusación de homicidio calificado en comisión por omisión, una figura jurídica que apunta a su presunta responsabilidad indirecta en el crimen por no haber actuado conforme a su deber de resguardar la integridad del funcionario.
El origen de las sospechas
Semanas antes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, había adelantado que los ocho policías asignados al edil estaban bajo investigación. La revelación abrió cuestionamientos sobre el desempeño de los escoltas durante y después del ataque.
Ahora, con siete de ellos detenidos, las autoridades estatales sostienen que existen elementos suficientes para presumir que los agentes incurrieron en omisiones graves. La FGE informó que los policías serán trasladados al penal Mil Cumbres, en Morelia, donde un juez de Control definirá su situación jurídica.
Contradicciones en torno al operativo
Aunque la Fiscalía los acusa directamente de omisión en el homicidio, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla había sostenido previamente que la investigación inicial buscaba esclarecer un posible uso excesivo de la fuerza contra Víctor Manuel Ubaldo, identificado como el agresor del alcalde.
Según esa versión, Ubaldo fue detenido tras perpetrar el ataque, pero en medio de un forcejeo con los escoltas ocurrió un solo disparo que le causó la muerte. Para el mandatario, era ese momento el que debía analizarse para descartar abusos policiales.
Sin embargo, con las nuevas imputaciones, la narrativa oficial se desplaza hacia las presuntas fallas en la actuación de los agentes antes y durante el ataque al alcalde, lo que da pie a interrogantes sobre el protocolo de reacción, su nivel de capacitación, la coordinación interna y la posibilidad de negligencia o complicidad.
Un caso que sigue creciendo
La muerte del alcalde y la detención del presunto agresor —quien murió en custodia instantes después— generaron presiones sobre las corporaciones de seguridad municipal y estatal. La captura de los escoltas refuerza la percepción de que la cadena de mando podría enfrentar responsabilidades más amplias.
Mientras la FGE avanza en la judicialización del caso, fuentes oficiales señalan que las investigaciones continúan y no se descarta ampliar las imputaciones. En Uruapan, uno de los municipios más afectados por la violencia en el estado, la exigencia ciudadana es clara: esclarecer el crimen y depurar las corporaciones de seguridad.
La audiencia inicial contra los escoltas está prevista para las próximas horas, donde se determinará si permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.
