Dejen que la gente piense: ¿Por qué regular el derecho de las audiencias?
El tema es bien sencillo. Si no me gusta un canal de televisión, algun programa de TV abierta o de los canales estatales, no lo veo, le cambio. Si cierto programa en radio lo escucho tendencioso o mal hecho, no lo escucho, es mi derecho de audiencia, así, sin filtros, por derecho propio. Es mi derecho o no, a estar de acuedo con lo que me ofrece el espectro informativo nacional y mundial.
Por salud mental, no veo ni escucho los podcasts o espacios en redes de Manuel Pedrero, Callo de Hacha, las mesas de los moneros, Poncho Gutiérrez, Liz Vilchis, Juncal Solano, Sabina Berman, y una larga lista. Son una ofensa al periodismo, mal hecho, tendencioso, editorializando simples notas, opiniones que denigran la inteligencia de los mexicanos y de sus seguidores.
Ahí aplico mi derecho a las audiencias: los quito de mi percepción como persona.
Las recientes consultas públicas y propuestas para regular los derechos de las audiencias a través de instituciones como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, han generado intensas alertas de censura, destacando el temor al control oficial de contenidos, la vigilancia gubernamental y la imposición de una narrativa única.
El derecho más importante de las audiencias es la libertad de cambiar de canal. Si a alguna persona no le gusta un programa de radio o televisión, o un podcast, debe tener el derecho de cambiar cuando quiera. Las cadenas nacionales de televisión son ejemplo de cómo un gobierno viola este derecho fundamental. Tiene dedicatoria.
La consulta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha lanzado para elaborar los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Como en otras consultas, las decisiones ya están tomadas. A quién van a engañar.
Lo primero que hay que saber es que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya no es una institución autónoma, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que se ha convertido en un órgano subordinado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Esta se creó con el supuesto propósito de digitalizar trámites, pero se ha convertido en un monstruo que busca controlar medios, telefonía, redes e internet.
Esto será un monitoreo estatal. Facultando a órganos reguladores para revisar y sancionar transmisiones o publicaciones.
Será una censura previa y una preocupación por medidas que silencien voces críticas, bajo el argumento de proteger a los públicos. ¿Qué las audiencias son tontas y no tienen criterio?
Y luego, ¿cómo será la separación de opinión e información? La obligación de dividir géneros informativos, limitando estilos periodísticos e investigaciones de gran calado contra la corrupción que hierve en las esferas del gobierno.
Por lo pronto empiezan las discusiones sobre el proceso abierto del 27 de julio al 21 de agosto, para definir estas normas en los medios electrónicos que en lo personal no le veo pies ni cabeza.
Cuando presenté mi libro, La otra delincuencia, le avisé al entonces presidente de la República, Enrique Peña, a través de su vocero, Eduardo Sánchez que se venía la investigación de 8 de sus gobernadores en plena elección de 2018; y he de reconocer el profesionalismo con que lo tomaron, “que respondan por sus actos” fue la respuesta de Peña.
Los priistas no metieron las manos al fuego por sus corruptos, no censuraron y dejaron que el libro fluyera, la audiencia, los lectores, tomarían su postura frente a estas investigaciones. Y ahora, no lo entiendo.
Al gobierno de la 4T no le interesa respetar el derecho fundamental de la audiencia, que es cambiar de canal, sino imponer reglas que le permitan impedir o reducir las críticas o investigaciones al régimen. No nos hagamos tontos.
Eso de que en todos los aspectos el gobierno piensa por sus presuntos súbditos ignorantes, me están recordando a las monarquías absolutistas y ciertos regímenes totalitarios.
