Contradicción entre los artículos 94 y 97 constitucionales; senadores de Morena reconocieron que el Congreso de la Unión “está en falta”. Siguen los embates morenistas contra la libertad de expresión
Decíamos la semana pasada que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortíz, tenía un doble problema que tiene que resolver lo más pronto posible: el primero, es que la mayor parte de la sociedad no se le tiene confianza a esta nueva integración de la propia Corte y el segundo, más apremiante, en resolver la gravísima antinomia que dejaron la mayoría de los legisladores morenistas con su apresurada y poco pensada reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
¿A qué me refiero? … las antinomias ocurren cuando existen dos disposiciones en una misma ley o dos normas diferentes que simultáneamente plantean consecuencias jurídicas distintas para un mismo hecho, suceso o acontecimiento.
El artículo 94 dice que… “La presidencia de la Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.
Mientras que el artículo 97 establece que “cada cuatro años, el pleno (de ministros) elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.
Integrantes de la academia, de las agrupaciones de abogados y empresarios han insistido ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que por ningún motivo se permita que asuma la presidencia de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama ni tampoco la protegida de AMLO, María Estela Ríos González. Ahora, el Senado de la República, le abrió las puertas al propio Hugo Aguilar Ortíz, para que sea el propio pleno de la Suprema Corte de Justicia el que soluciones definitivamente este gravísimo yerro legislativo.
En efecto, los propios senadores de Morena reconocieron que el Congreso de la Unión “está en falta” porque no ha resuelto la contradicción que existe entre dos artículos de la Constitución sobre la forma de elegir a quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero dado que no hay consenso ni tiempo ya para llevar a cabo el cambio requerido, serán los propios ministros los que definan cuál de artículos constitucionales es el correcto y el que va a prevalecer en el futuro.
El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, recordó que la reforma judicial que se aprobó casi al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en el artículo 94 constitucional que “la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se renovará cada dos años de manera rotatoria, correspondiendo el cargo a quienes alcancen el mayor número de votos en la elección popular de ministros”. Sin embargo, por error se dejó en el artículo 97 la redacción que precisa que “cada cuatro años, el pleno de la Suprema Corte elegirá entre sus propios miembros a la persona titular de la presidencia”.
Es evidente, agregó Cantón Zetina, que hay una contradicción entre esos dos artículos 94 y 97 constitucionales, y que es responsabilidad del Congreso. Pero dadas las condiciones actuales, el Legislativo no podrá corregirlo ahora porque “estamos en receso legislativo, se tendría que convocar a un periodo extraordinario para realizar la modificación, que requiere mayoría calificada, pasar por las dos cámaras y por los congresos locales, antes del primero de septiembre; y no hay tiempo.
Además, añadió, en Morena no hay consenso sobre cuál de los dos artículos debe prevalecer, por lo que esta vez quedará a la interpretación de los ministros definir cómo se elegirá quien presida la Suprema Corte.
En los próximos días esto se tendrá que definir y esperemos que una mayoría de ministros se pronuncie en favor de lo establecido en el artículo 97.
En México estamos hasta el gorro a todas las formas de corrupción y que a nadie debe de sorprenderle. Pero que un presidente permita que sus hijos se involucren en actividades criminales, como el tráfico de influencias y el robo del combustible, es inaudito y merece el peor de los castigos: la cárcel y la reparación del daño. Así de simple.
Y esto viene, porque el expresidente López Obrador debe saber muy bien que sobre él hay varios gruesos expedientes de investigación, sobre todo, en el distrito esté de Nueva York. Es obvio que, a él, y a sus hijos, los han embarrado los narcos y los testigos protegidos que los fiscales de EU tienen cantando diariamente. Pero podría llegar el momento, en que clamarse inocentes ellos mismos, no va a ser suficiente. Es decir, que su “honestidad valiente” los fiscales estadounidenses se la pasan por el arco del triunfo y, por lo pronto, el gobierno de Donald Trump, como primer paso, ya le retiró la vida a Andy, así como a 95 más narco-políticos de Morena.
Sin que sea sorpresa tampoco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó a la familia López Obrador interpretando la revocación de la visa como una medida de “injerencia en la política mexicana” incentivada por la oposición mexicana. Falso. Sheinbaum debería revisar sus funciones de política exterior establecidas en la fracción décima del artículo 89 Constitucional, que se refiere a la autodeterminación de los pueblos y a la no intervención en las decisiones soberanas de cada país. Y el otorgamiento o retiro de visas, es un derecho soberano de cada nación. ¿Entonces?
Pero hay más. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y por instrucciones directas de funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, retiraron formalmente la visa a “Andy” López Beltrán. Fue una decisión soberana de las autoridades estadounidenses. Y la decisión estuvo basada en hechos, en investigaciones y en evidencias. No fue un hecho aislado.
En México, y ahora en Estados Unidos también, hay líderes y legisladores de los partidos políticos de oposición que llevan años presentado denuncias formales ante la misma fiscalía general de la República. En estas denuncias se alega que Andy, Gonzalo y José Ramón, los tres hijos mayores del exmandatario, han estado presuntamente vinculados con las redes de tráfico de influencias y de corrupción en Obras Públicas, además han sido los beneficiarios de una gran cantidad de importación ilícita de combustibles. Lo que llamamos, “Huachicol Fiscal”.
Las contrataciones de obra ligadas a Dos Bocas y a los trenes Maya e Interoceánico completan la huella del abuso y los negocios sucios. No fue necesario que Andy o sus hermanos ocuparan un cargo público para que ejercieran el amiguismo, el influyentísimo o el nepotismo. Bastó con que su padre les permitiera colocar a sus amigos leales en posiciones sensibles de la administración pública federal y eso hizo que su poder fuera enorme. Al país le hicieron mucho daño estos sujetos, por el solo hecho de ser hijos del expresidente. Ahora, la desubicación política y, sobre todo, el desorden mental que muestra la carta dirigida a Trump es prueba de ello: no contar con otro mérito que ser hijo de López Obrador y, aun así, tener tanto poder. Pero recuerden que nadie votó por Andy y nada tuvo que hacer para encumbrarse este soberbio.
Y, por último, la ahijada de López Obrador, Luisa María Alcalde Luján, como consejera jurídica presidencial está en problemas, La organización Artículo 19 rechazó la lista que presentó recientemente la consejera jurídica del ejecutivo federal, en donde exhibió nombres de periodistas y opositores que supuestamente encabezan un esquema digital de amplificación de mensajes en contra del gobierno y del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
En un pronunciamiento, la asociación civil expresó su preocupación por el uso que se le da al espacio denominado “Derecho de Réplica”, debido a que, dijo, contraviene estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de acceso a la información. Además, advirtió que esto plantea serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad del uso de recursos públicos y las funciones que el propio Estado mexicano se atribuye.
