Con el triunfo arrollador de Morena en las elecciones de este año, de confirmarse la mayoría legislativa para la coalición Sigamos Haciendo Historia, septiembre hará historia una vez más con el inicio de la aprobación del paquete de iniciativas propuestas por Andrés Manuel López Obrador meses atrás. Entre ellas destaca una reforma judicial que daría el jaque mate al neoliberalismo que enarboló Carlos Salinas de Gortari, el expresidente que más se enriqueció en el periodo que borró totalmente los principios de lo que fue la Revolución mexicana.
Cantada desde el inicio de la Cuarta Transformación que se ha caracterizado por una guerra declarada contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a casi todo lo que huela a jueces, magistrados y ministros, la reforma a uno de los pilares que dan sustento al Estado ahora sí va en serio.
Y pretende ser uno de los principales legados de AMLO a su sucesora en la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum Pardo. No más un Poder Judicial super poderoso, por encima del Ejecutivo y el Legislativo, advierten los triunfadores del 2 de junio.
Con tan sólo anunciar lo que es inminente, los poderosos señores del dinero, preocupados de que se reduzcan sus negocios sucios con la complicidad de la Suprema Corte, pretendieron poner a temblar al nuevo gobierno con una fabricada desestabilización financiera nacional, cuando son ellos los que realmente tiemblan resignados a ganar sin trampas.
Pronto, como se dice popularmente, van a apechugar. Ya empezaron a hacerlo los soberbios integrantes de la Suprema Corte, algunos jueces y los espantados líderes sindicales.
Norma Piña y sindicato arrogantes y ahora humildes
No se olvida el desplante de Norma Piña, presidenta de la Suprema, en el 106 aniversario de la Constitución, el 5 de febrero de 2023, cuando acudió a la ceremonia de Querétaro y permaneció sentada tras el discurso presidencial cuando el protocolo exige estar de pie.
Había llegado al cargo apenas en enero, tras la salida en 2021, del polémico ministro expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, nominado en 2009 por el panista Felipe Calderón Hinojosa y con el tiempo simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. El mismo que ya había dado a conocer la iniciativa “Reforma del Poder Judicial con el Poder Judicial”, quien pese a contar con la aprobación de El Peje rechazó extender dos años más su período en el máximo tribunal.
Antes, el propio López Obrador reconoció haber fracasado en su intento de limpiar a la Corte con la propuesta de cuatro ministros: Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahif. Resulta que los dos primeros traicionaron el proyecto presidencial y se pasaron al bando que siempre, bajo el escudo de una supuesta autonomía, ha estado al servicio de los grandes barones del dinero y de la delincuencia organizada.
Para demostrarlo el mismo AMLO ha puesto de ejemplo los salarios y otros privilegios de que gozan por encima de lo que establece la Constitución que deben proteger; y la liberación de presuntos delincuentes como Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos; Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto; Uriel Carmona, Fiscal de Morelos; y Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Morelos. Todos ellos libres a pesar de su evidente comportamiento delincuencial.
Como muchos capos que también han sido liberados. Y el colmo del Poder Judicial: Que aprobaciones del Poder Legislativo, como la Ley de la Industria Eléctrica, hayan sido detenidas únicamente con la intervención de un juez, en este caso Alberto Pérez Dayán, que de esta forma se impone a cientos de diputados y senadores.
Esas resoluciones legislativas que son frenadas a final de cuentas tienen que ver con beneficios para las mayorías los que son negados para servir a unos cuantos que, insaciables, quieren más.
Sólo que ahora, tan pronto fue evidente el triunfo de Morena y aliados, Norma Piña, a nombre de la Suprema Corte y de todos los ministros, felicitó a la virtual presidenta a la que pidió –lo que nunca hizo con AMLO—un “diálogo abierto y honesto” entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en el próximo sexenio. “Reiteramos la mejor disposición para responder en conjunto a las demandas de justicia que exige nuestro país”, escribió la ministra que días antes de los comicios se reunió casi en secreto con dirigentes de la oposición hoy derrotada.
Arrogante, a su vez, el sindicato del Poder Judicial de la Federación que había salido a las calles para protestar luego de que el 5 de febrero fuera anunciado el paquete legislativo presidencial. Los mismos que insultaron y amenazaron a López Obrador ruegan hoy a la presidenta electa que ante la reforma se tome en cuenta el respeto a sus derechos laborales.
“Expresamos a usted nuestra absoluta disposición para participar en los trabajos que permitan concretar la reforma de mérito y nos dé la oportunidad de exponerles nuestro punto de vista que, seguramente, será de utilidad”, le escribió Jesús González, líder sindical, a Claudia Sheinbaum Pardo.
¿A qué le tienen miedo?
Conociendo a los verdaderos opositores a la reforma judicial, el gobierno mandó el aviso de que en septiembre sería el examen del paquete legislativo, de inmediato vino la reacción de los económicamente poderosos con maniobras para afectar a la Bolsa de Valores y a la cotización el peso, lo que se ha ido diluyendo con acciones de la Secretaría de Hacienda
Sus temores también se disiparon, no del todo, con la promesa de Claudia Sheinbaum de que no se va a afectar a nadie y de que se abrirá un proceso limpio para que el cambio se conozca bien. El enlace con los que están preocupados es el exministro Arturo Zaldívar quien ha sido atacado por su alianza con los guías de la Cuarta Transformación: Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo.
Hasta lo que sabemos el cambio en el Poder Judicial implica una reforma electoral que contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución de regidores, evitar el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. La Cámara de Diputados no se integrará por 500 legisladores, sino por 300, y el Senado por 64 y no por 128.
En el caso que se trata, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en lugar de ser propuestos deben ser electos de manera directa por el pueblo. El no contar con la mayoría calificada de 334 de 500 diputados y 85 de los 128 senadores lo impedía. Los resultados de los recientes comicios lo permiten o es más fácil lograrlo.
Por eso, la reforma judicial va y sus integrantes tendrán que ser elegidos por el voto popular. No hay de otra repite AMLO con el argumento de que ese poderoso sector ha sido secuestrado por magnates.
Irónico, ha ilustrado que quienes están temerosos se preguntan: “¿Cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿Y mis jueces, mis magistrados, mis ministros? ¿Quién me va a ayudar con mis transas?”.
Le tienen miedo al pueblo -asegura. Aclara que todo se hará de manera ordenada y sin autoritarismo.
