Privatizan servicios médicos
Arturo Ríos Ruiz
El gobierno federal impulsa la privatización de los Servicios Médicos Integrales -SMI- con la reasignación directa de contratos sin licitar a 10 empresas de su que fueron inhabilitadas siete años por la Secretaría de la Función Pública en agosto de 2022 por no cumplir requisitos de infraestructura, operatividad ni garantizar el abasto de medicinas en clínicas y hospitales del país.
El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva del gobierno federal asegura que el cáncer de mama es la mayor causa de mortalidad de la mujer con 521 mil 907 defunciones anuales.
Representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos, además médicos internistas del Sector Salud consultados, afirman que los pacientes viven un viacrucis en clínicas y hospitales por carecer de medicinas y entre los más afectados están los pobres, ya que cientos de miles no tienen ni para comprar un paracetamol ¿Primeo los pobres?
Explican que los SMI surgieron hace más de tres décadas con la participación de la iniciativa privada para la subrogación de servicios en el IMSS y el ISSSTE, quienes requieren de la contratación de equipos, accesorios, instrumental médico, insumos, capacitación de personal o consumibles, porque tienen la posibilidad de contratarlos mediante la modalidad de “servicios integrales”. Los que tienen dinero no padecen.
Esto significa, dicen, que en vez de comprar cada producto y/o servicio por separado o a múltiples proveedores, un solo proveedor (también llamado integrador) proporciona todo lo necesario para la prestación del servicio médico.
Afirman que, en la subrogación de servicios, el Estado hace transferencia de recursos públicos a agentes privados. Es decir, el gobierno paga para que se entregue un servicio a los ciudadanos y un privado da la atención en cuestión para aumentar sus ganancias, impone limitaciones en calidad de ese derecho social.
Aseguran que, de esa forma, el proveedor del SMI pacta una tarifa fija por procedimiento, pero una amenaza latente es que, en el afán de reducir sus costos, pueden sustituir medicamentos o insumos por otros de menor calidad o que no cumplan con especificaciones técnicas requeridas por el Compendio Nacional de Insumos para la Salud (CNIS). Lomque rinen ganan, losl pobres pierden.
Advierten que esa rigurosidad se pierde al asignarle esta responsabilidad al integrador, debido a los estímulos perversos que tiene el esquema de SMI de minimizar sus costos por procedimiento, para así aumentar su rentabilidad.
Si la subrogación es cuestionable en cualquier ámbito, en cuanto supone usar el patrimonio de los mexicanos para brindar oportunidades de lucro a unos cuantos, recurrir a ella en materias como la salud pública o los servicios de cuidados personales, implica una amenaza contra los derechos humanos y una franca invitación al desastre en materia de salud, sostienen los consultados.
Refieren que la COFECE multó en agosto del 2020 a 11 empresas y 14 personas físicas, con 620 millones de pesos, por coludirse en licitaciones de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre a que convocaron el IMSS e ISSSTE y la Secretaría de la Función Pública las inhabilitó por siete años.
