Empresas bajo fuego
1.2 millones de empresas criminalizadas
Gastan 70 mmdp en protección
Cada año pierden más de 50 mmdp
Durante 2023, un millón 200 mil empresas sufrieron de al menos un delito en México. El comercio es el más afectado por la delincuencia que opera en todo el territorio nacional, con el 27.8% de las empresas afectadas.
Así experimentan las empresas la victimización a manos de la delincuencia, según revela un reciente estudio de México Evalúa, instituto independiente que analiza, evalúa y monitorea el desempeño de las instituciones gubernamentales del país.
El reporte, titulado Empresas bajo Fuego, elaborado con base en los datos de la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas (ENVE) del Inegi, destaca que el comercio es el sector con mayor tasa de prevalencia delictiva, alcanzando la cifra de 2,780 unidades económicas afectadas por cada 10 mil en 2021, por arriba del promedio nacional. Le sigue el sector servicios y, en tercer lugar, la industria.
En el documento, México Evalúa hace referencia a que a lo largo de dos décadas la violencia en México ha aumentado sustancialmente, cobrando la vida de cientos de miles de personas.
“Tras un complejo proceso de intensas guerras criminales, junto con la confrontación de los grupos del crimen organizado con las fuerzas del Estado mexicano, los ingresos de estas organizaciones se han reducido, lo cual las ha incentivado a diversificar sus actividades criminales y sus fuentes de ingreso”, señala.
Así, la extorsión, el robo y la extracción ilegal de recursos naturales han ido en aumento. El ‘cobro de piso’, en particular, ha alcanzado a una amplia variedad de establecimientos comerciales, de distintos tamaños y sectores, desde grandes empresas de telecomunicación, hasta tortillerías y comercios ambulantes y taquerías.
Después del comercio, el sector que tiene la mayor tasa de prevalencia delictiva es el sector de servicios y, en tercer lugar, la industria (debajo del promedio nacional). Por la composición de cada sector, es posible imaginar que el sector industrial tiene mayores capacidades y recursos para protegerse del delito, mientras que la enorme diversidad y exposición al público del sector de servicios y de comercio les hace más vulnerables.
Mercado criminal
México es un país diverso, como también lo es la actividad económica y el mercado criminal. Según el último levantamiento de 2021 de la ENVE, las tasas de prevalencia más altas –por arriba de 3,000 por cada diez unidades económicas– están en las entidades de la zona del Bajío –Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato–, además de los casos de Durango, Sonora, Colima, Ciudad de México, Querétaro y Tlaxcala. Por otro lado, Yucatán se destaca con la tasa de prevalencia delictiva más baja en el país.
La extorsión sigue siendo la actividad criminal que ha impactado con mayor fuerza en las grandes, medianas y pequeñas empresas en el país, como resultado de los intentos del crimen organizado por controlar las economías locales. Es prevaleciente en Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y, especialmente, en Zacatecas, con una tasa de 1,500 por cada 10,000 empresas.
Los últimos datos disponibles de la ENVE muestran que el 37% de las unidades económicas cuentan con alguna medida de protección contra la delincuencia, una baja respecto al 46% reportado en el levantamiento de 2019.
Estos gastos ascendieron a 69 mil 901 millones de pesos, mientras que las pérdidas fueron de 50 mil 341 millones de pesos. Se trata de recursos que dejan de invertirse en mejorar la productividad, pues deben desviarse hacia medidas como la compra de cámaras y la contratación de personal de seguridad.
Ante la cada vez mayor incidencia delictiva, México Evalúa propone una serie de medidas para hacer frente a la victimización empresarial, entre ellas diseñar e implementar medidas de apoyo y protección a las empresas medianas del sector comercial, las cuales, al estar más expuestas y cubrir una diversidad de actividades, sufren mayores afectaciones e incurren en mayores pérdidas económicas.
Implementar políticas que se adentren en el desmantelamiento de los factores que sustentan a los grupos criminales y que remedien la falta de capacidad y recursos en los sistemas de seguridad y justicia.
Desarrollar, mediante mecanismos público-privados, acciones y estrategias para invertir en políticas públicas que atiendan las raíces del crimen organizado y faciliten el trabajo coordinado.
