Beneficiarios de Programas Sociales Sufren Represalias Políticas en CDMX, Denuncia el PAN
En medio de la campaña electoral en la Ciudad de México, el discurso de bienestar que pregonan las y los candidatos de Morena se ve empañado por denuncias de represalias políticas contra beneficiarios de programas sociales.
Raúl Torres Guerrero, diputado local del PAN, expuso que varias beneficiarias del programa de apoyos a madres solteras del Gobierno Federal han sido privadas del apoyo de mil 600 pesos bimestrales por no comprometer su voto a favor de la 4T en las elecciones del dos de junio.
“Es un hecho alarmante que está afectando a las familias más vulnerables de la Ciudad. Hemos recibido reportes de chilangos en el extranjero que tienen familiares en la capital y nos cuentan cómo han sido buscados para pedirles prestado o buscar ayuda debido a la desesperación por la falta de este recurso“, señaló Torres Guerrero.
El legislador también denunció que en el ámbito de la vivienda, el Instituto de Vivienda (INVI) está posponiendo la entrega de departamentos en diversas alcaldías como Coyoacán, Álvaro Obregón y Tláhuac, condicionando la entrega a que los futuros propietarios voten por Morena.
Beneficiarios de Programas Sociales Sufren Represalias Políticas en CDMX, Denuncia el PAN
“Estas prácticas son inaceptables. Además, hemos recibido informes de que se están realizando llamadas intimidatorias a los residentes de colonias con proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario, advirtiéndoles que si no votan por determinados candidatos, perderán el acceso a los recursos”, agregó Torres Guerrero.
El diputado convocó a los ciudadanos afectados a denunciar estas prácticas, enfatizando que son un delito y una clara violación de los derechos constitucionales. También anunció que el PAN presentará quejas ante el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Por último, Torres Guerrero destacó que la coalición PAN, PRI y PRD tiene como objetivo reforzar la política social en la Ciudad de México, sin eliminar los padrones de beneficiarios, ya que entienden que estos programas son un derecho legítimo y vital para muchas familias. Sin embargo, subrayó que el uso político de estos programas es inaceptable y debe ser combatido con firmeza.
