Cananea: del conflicto obrero a la reparación integral tras casi dos décadas de espera
Después de más de 18 años de conflicto laboral y una de las crisis ambientales más graves en la historia minera del país, Cananea inicia una nueva etapa marcada por la reparación social, laboral y ambiental. El Gobierno de México, el Gobierno de Sonora y Grupo México concretaron la creación de un fondo por 2 mil 222.6 millones de pesos para poner en marcha el Plan Integral de Justicia Ambiental y Justicia Social, un acuerdo que busca cerrar heridas históricas en una de las regiones mineras más emblemáticas del país.
El fondo permitirá concluir formalmente la huelga de la mina de Cananea, considerada la más prolongada del movimiento obrero mexicano, mediante la liquidación de 650 mineros y la indemnización de más de 50 viudas, quienes durante años exigieron el reconocimiento de sus derechos laborales y condiciones dignas para sus familias.
Sin embargo, el acuerdo va más allá del ámbito laboral. Una parte sustancial de los recursos será destinada a resarcir los daños ambientales ocasionados por el derrame de sulfato de cobre en 2014 en la mina Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México— que contaminó el Río Sonora y afectó a miles de habitantes de la región, alterando el acceso al agua, la salud pública y las actividades productivas.
Durante la presentación del plan en Hermosillo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, subrayó que el acuerdo representa un cambio de fondo en la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades afectadas. Detalló que Grupo México aportó el 70.14% de los recursos, equivalente a mil 500 millones de pesos, además de 59 millones de pesos previamente depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje entre 2018 y 2019. El Gobierno federal contribuyó con 483.6 millones de pesos, mientras que el Gobierno de Sonora destinó 180 millones de pesos.
Acompañada por el gobernador Alfonso Durazo y un amplio gabinete federal, la titular de Gobernación destacó que este acuerdo fue resultado de una postura firme del Estado mexicano frente a los incumplimientos históricos de la empresa. “No se trató de una negociación simple, sino de exigir responsabilidades y garantizar beneficios reales para las comunidades”, afirmó.
Cananea: del conflicto obrero a la reparación integral tras casi dos décadas de espera
El componente ambiental del plan contempla la construcción de 16 plantas potabilizadoras, así como la rehabilitación de infraestructura existente, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además, se pondrá en operación un laboratorio regional de calidad del agua y se instalarán estaciones permanentes de monitoreo en el Río Sonora, con el objetivo de dar seguimiento técnico y transparente a la recuperación del ecosistema.
En materia de salud, el proyecto incluye la edificación del Hospital Regional de Ures, que contará con 60 camas, 21 consultorios de especialidad, un centro especializado en salud renal y un laboratorio para el análisis de metales pesados y toxicología, una demanda clave de las comunidades afectadas por la contaminación. Paralelamente, el IMSS-Bienestar fortalecerá su infraestructura y equipamiento en la región para ampliar la cobertura médica.
Rosa Icela Rodríguez enfatizó que el fin de la huelga de Cananea simboliza un acto de justicia social largamente postergada, al tiempo que abre la puerta a un proceso de reparación ambiental y reconstrucción de la confianza entre autoridades, trabajadores y población.
“Hoy se atiende a los mineros, a las viudas y a sus familias, pero también se asume la responsabilidad de sanear el agua, proteger la salud y restaurar el entorno. Lo que se logró es de gran beneficio para las comunidades”, concluyó la funcionaria.
Con este acuerdo, Cananea deja atrás décadas de conflicto y se convierte en un caso emblemático de cómo los pasivos laborales y ambientales pueden abordarse desde una visión integral de justicia y corresponsabilidad.
