Cananea cierra un conflicto histórico y reconfigura la relación Estado–empresa–trabajadores
Tras más de 18 años de resistencia sindical, la huelga minera de Cananea, Sonora, llegó formalmente a su fin esta semana, marcando un punto de inflexión en uno de los conflictos laborales más prolongados y emblemáticos del país. Más allá del acuerdo económico, la resolución abre un nuevo capítulo en la forma en que el Estado mexicano interviene para corregir agravios históricos, restituir derechos laborales y exigir responsabilidades a grandes corporativos.
El dirigente nacional del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia, subrayó que el desenlace del conflicto fue posible gracias a la voluntad política del actual gobierno federal. Agradeció de manera expresa a la presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo para “hacer realidad el fin de este duro conflicto”, al tiempo que reconoció la apertura al diálogo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños. También destacó el compromiso que, desde su sexenio, mantuvo el ex presidente Andrés Manuel López Obrador con las causas laborales.
“Esta resolución no habría sido posible con gobiernos del pasado; los tiempos han cambiado y no permitiremos que haya impunidad ni injusticia”, afirmó Gómez Urrutia, al recalcar que el cierre de la huelga representa una victoria moral y jurídica para los trabajadores mineros que durante casi dos décadas enfrentaron, dijo, abusos y violaciones sistemáticas a sus derechos por parte de Grupo México.
La huelga de Cananea estalló en julio de 2007, luego de que los trabajadores de la sección 65 denunciaran graves fallas en seguridad e higiene, así como incumplimientos al contrato colectivo de trabajo. Desde entonces, el conflicto se convirtió en un símbolo de la desigualdad en las relaciones laborales del sector minero y de la falta de respuesta institucional durante años.
El acuerdo alcanzado se enmarca en el Plan de Justicia para Cananea y contempla un fondo superior a los 2 mil 222 millones de pesos, destinado tanto a la solución laboral como a la reparación de los daños ambientales ocasionados por el derrame de residuos tóxicos en el río Sonora. De ese monto, el gobierno federal logró que Grupo México aportara el 70.14 por ciento, equivalente a mil 500 millones de pesos, lo que fue presentado por las autoridades como un hecho inédito en la rendición de cuentas del sector.
Entre los principales beneficios del acuerdo se encuentra la liquidación de los trabajadores conforme al contrato colectivo original, el acceso a la seguridad social y al sistema de pensiones para 650 mineros y sus familias, así como para las viudas de 53 trabajadores que perdieron la vida durante el prolongado conflicto. Además, se prevé la apertura de 400 plazas en la mina de Cananea para quienes decidan reincorporarse a la actividad productiva.
Para el sindicato, el cierre del caso Cananea sienta un precedente relevante, aunque no definitivo. Gómez Urrutia advirtió que aún permanecen sin resolver otras dos huelgas de duración similar: la de Taxco, Guerrero, y la de Sombrerete, Zacatecas, ambas también con más de 18 años de antigüedad.
La resolución de Cananea, coinciden especialistas laborales, no solo clausura un episodio de confrontación histórica, sino que envía un mensaje político y social sobre el papel del Estado como mediador activo en conflictos estructurales, en un sector donde durante décadas prevalecieron la impunidad empresarial y la fragilidad de los derechos laborales.
