Austeridad y legitimidad: el rediseño del Poder Judicial que incomoda a la vieja élite
Al desarrollo de La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo colocó en el centro del debate nacional un tema que durante décadas permaneció fuera del escrutinio público: el costo real de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el modelo de privilegios bajo el cual operó el máximo tribunal del país.
Más allá de responder a las críticas de sectores neoliberales y de algunos exintegrantes del Poder Judicial, la mandataria expuso un contraste estructural entre dos concepciones de justicia: una anclada en la lógica del privilegio y otra que busca alinearse con los principios de austeridad republicana y responsabilidad ante el erario.
Sheinbaum sostuvo que el problema no radicaba únicamente en los salarios de los ministros, sino en la arquitectura completa de beneficios que, durante años, se normalizó como parte del funcionamiento “institucional” de la Corte. De acuerdo con los datos presentados, los ministros percibían ingresos netos mensuales superiores a los 206 mil pesos, acompañados de un entramado de seguros, bonos y apoyos extraordinarios que elevaban de forma considerable el costo real de cada cargo.
Entre estos beneficios destacaban seguros de gastos médicos mayores con primas mensuales superiores a los 36 mil pesos, seguros de separación individualizados por más de medio millón de pesos, pagos por riesgo cercanos a los 640 mil pesos anuales, así como seguros de vida, retiro, aguinaldos ampliados y servicios médicos privados complementarios. Prestaciones que, subrayó la presidenta, difícilmente podían justificarse en un país con profundas brechas sociales y con millones de ciudadanos sin acceso a servicios básicos de salud.
No obstante, lo que Sheinbaum calificó como “lo más indignante” no fueron solo los montos, sino la cotidianidad del privilegio. La Corte, explicó, llegó a financiar con recursos públicos servicios domésticos, mantenimiento de viviendas particulares, telefonía ilimitada, alimentos a domicilio, jardinería, mudanzas y traslados personales. A ello se sumaban prácticas que desdibujaban por completo la frontera entre lo público y lo privado: gestión de boletos para espectáculos, reservas en restaurantes, regalos, valet parking, cuidado de menores, trámites bancarios, colegiaturas, viajes, hospedajes e incluso la obtención de autógrafos o accesos preferenciales a eventos.
Frente a ese modelo, la nueva etapa de la Suprema Corte representa —según la presidenta— un punto de quiebre. El salario neto mensual de los ministros se redujo a 134 mil pesos, se eliminaron los seguros privados, se cancelaron pagos extraordinarios y se desmontó una estructura administrativa que operaba, en los hechos, como una oficina de servicios personales de alto nivel.
Sheinbaum precisó que, con base en información administrativa de la propia Corte, se eliminaron 59 apoyos no oficiales de un total de 149 existentes, lo que implica no un gesto simbólico, sino una reingeniería profunda del gasto judicial. “Todo eso existía, todo eso se pagaba con recursos públicos y todo eso hoy ha sido cancelado”, enfatizó.
En ese contexto, la presidenta sostuvo que la molestia de ciertos sectores no responde a una preocupación genuina por la autonomía judicial, sino a la pérdida de privilegios históricamente intocados. De ahí —argumentó— el discurso que hoy habla de “austeridad excesiva” o de supuestos ataques al Poder Judicial.
El fondo del debate, concluyó Sheinbaum, es político y ético: si un poder del Estado puede exigir respeto y legitimidad social mientras se mantiene desconectado de la realidad material del país. La transformación de la Corte, afirmó, no garantiza por sí sola una justicia perfecta, pero sí abre la puerta a un Poder Judicial más sobrio, más transparente y obligado a rendir cuentas no solo en sus sentencias, sino también en su conducta.
La diferencia entre la Corte del pasado y la que hoy comienza a configurarse no es retórica, dijo la mandataria, sino contabilidad pública. Un cambio que, aunque incompleto, marca el inicio del fin de un modelo de justicia construido desde el pedestal del privilegio y no desde el servicio público.
