Alianza anti migrante, TSA entrega datos de pasajeros a ICE para su localización y posterior detención
La Chispa, revela un nuevo giro en la política migratoria de Estados Unidos: la alianza anti migrante, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) entrega datos de pasajeros a ICE para su localización y arresto, esto se confirma como una estrategia activa del Gobierno. Este acuerdo permite a las autoridades migratorias rastrear a personas con órdenes de deportación incluso antes de que aborden un avión, generando preocupación entre comunidades migrantes y defensores de derechos civiles.
Alianza anti migrante, TSA entrega datos de pasajeros a ICE para su localización
La confirmación de esta cooperación entre agencias marca un precedente inquietante. La Administración de Donald Trump autorizó que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) comparta información sensible de vuelos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta Alianza anti migrante amplía el uso de datos originalmente recabados para seguridad nacional hacia fines migratorios, un cambio que expertos consideran riesgoso.
Detenciones en aeropuertos de Estados Unidos
Los casos documentados muestran el impacto humano de esta política. Any Lucía López Belloza, joven hondureña de 19 años, fue detenida en el aeropuerto Logan de Boston cuando viajaba para Acción de Gracias. Un caso similar ocurrió con Marta Brizeyda Renderos Leiva en Salt Lake City. Estas detenciones evidencian cómo la Alianza anti migrante, TSA entrega datos de pasajeros a ICE para su localización se traduce en arrestos inmediatos y deportaciones aceleradas.
¿Cómo opera la colaboración entre TSA e ICE?
Las aerolíneas ya compartían datos con la TSA para prevenir amenazas terroristas. Sin embargo, documentos citados por The New York Times indican que el Centro de Respuesta de Ejecución del Pacífico del ICE coordina alertas nacionales y solicita a cárceles locales retener migrantes identificados. En este contexto, también se reporta que ICE contrata cazarrecompensas para ampliar su capacidad operativa, intensificando la persecución.
Críticas legales y presión política
Organizaciones civiles denuncian que esta vigilancia “siembra terror”. Murad Awawdeh advierte que se castiga a personas por viajar o reunirse con sus familias. Paralelamente, el Gobierno presiona para aumentar deportaciones tras no alcanzar su meta anual, mientras ICE declara emergencia nacional y justifican la violencia empleada en operativos, según denuncias públicas.
Debate abierto sobre libertades civiles
Aunque intentos de compartir datos fiscales del IRS con ICE fueron frenados por jueces, el debate sigue abierto. Expertos alertan que normalizar estas prácticas puede erosionar derechos fundamentales más allá del tema migratorio.
