Al menos 71 personas desaparecidas mantienen en alerta a Quintana Roo al inicio de 2026
El cierre de 2025 y los primeros días de enero de 2026 dejaron un panorama preocupante en Quintana Roo: al menos 71 fichas de personas desaparecidas continúan activas, según información oficial de la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda y los protocolos Alba y Amber. Detrás del número hay historias inconclusas y familias que enfrentan una incertidumbre prolongada, lo que vuelve a encender el debate sobre la efectividad de las estrategias gubernamentales en materia de seguridad y localización.
Adolescentes y jóvenes, el grupo más vulnerable
La revisión de las fichas muestra que una parte importante de los casos corresponde a adolescentes y jóvenes, varios de ellos menores de edad. Esta tendencia plantea serias interrogantes sobre los entornos sociales y familiares, así como sobre la capacidad de las instituciones para prevenir situaciones de riesgo. Las alertas Amber y Alba emitidas en diciembre confirman que la desaparición afecta tanto a mujeres como a hombres, sin distinción de género ni de contexto social.
Municipios turísticos, focos recurrentes de reportes
Otro aspecto que llama la atención es la concentración de desapariciones en municipios con fuerte crecimiento turístico y urbano. Estas zonas, asociadas a desarrollo económico y proyección internacional, también reflejan carencias en prevención, seguridad y cohesión social. El contraste entre la imagen de prosperidad y la realidad que enfrentan decenas de familias evidencia una problemática que trasciende lo económico.
Perfiles diversos y búsquedas complejas
Las fichas activas muestran una amplia variedad de perfiles: estudiantes, trabajadores, personas adultas mayores y menores de edad. En algunos casos se cuenta con señas particulares detalladas, pero en otros la información es limitada, lo que dificulta las labores de localización. La ausencia de datos clave, como la vestimenta al momento de la desaparición, subraya la necesidad de fortalecer los protocolos de denuncia y reacción inmediata.
Aunque los mecanismos oficiales de búsqueda se activan, persiste una percepción de lentitud y falta de coordinación entre las instituciones. Ante ello, familias y colectivos ciudadanos han asumido un rol protagónico en la difusión de fichas y en la exigencia de avances. Las redes sociales se han convertido en una herramienta clave, pero también en un reflejo de la desconfianza acumulada hacia las respuestas gubernamentales.
Un reto urgente para la política pública
El número de desapariciones registradas en un periodo tan corto obliga a replantear la estrategia estatal. Especialistas y organizaciones coinciden en que no basta con emitir fichas y boletines; es indispensable atender las causas de fondo, como la violencia comunitaria, el consumo de sustancias, la falta de oportunidades y la débil coordinación intermunicipal.
La pregunta que sigue sin respuesta
Mientras las cifras se actualizan, 71 familias comienzan el año con la misma interrogante: ¿dónde están sus seres queridos? La manera en que las autoridades enfrenten esta crisis —con transparencia, recursos suficientes y voluntad política— será determinante no solo para el avance de las investigaciones, sino también para la credibilidad de un estado que no puede normalizar la ausencia de sus ciudadanos.
