Xóchitl Gálvez el verdadero rostro de la señora X
Más allá que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una serie de críticas contra Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz -senadora desde el 1 de septiembre de 2018, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN)-, y quien aspira a la candidatura presidencial de la Alianza Va por México, al considerar que su pensamiento es de la clase oligarca del país, además de ser “aprendiz” de Vicente Fox Quesada y Carlos Salinas, además de títere de ambos y del magnate Claudio X. González, su paso por la administración pública ha sido de ocurrencias además de signos de corrupción en su beneficio.
Ejemplos de sus pésimas gestiones al frente de dichas dependencias la llevaron incluso a que le levantaran varias denuncias tanto en la entonces Procuraduría General de la CDMX como de la Procuraduría General de la República (PGR), tanto por quien la sucedió en el cargo en la alcaldía Miguel Hidalgo, Victor Hugo Romo, como por representantes del PRD, partido que ahora la respalda.
De lo último, a la senadora Xóchitl Gálvez se le denunció por delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción cometidos durante su gestión como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.
Romo y el ex secretario de Gobierno, Gustavo García explicaron que incurrió en un conflicto de intereses con sus dos empresas: Hi-Tech Services y Omei, que fueron contratadas por la desarrolladora Simetric Grupo Inmobiliario. Dicha constructora llevó a cabo el complejo One Marina Park, ubicado en avenida Marina Nacional 60, colonia Tacuba, y Distrito Polanco, en bulevar Manuel Ávila Camacho, en las Lomas de Chapultepec, tras obtener los permisos, la manifestación de construcción y la publicitación vecinal.
Inmediatamente, por obra y arte de magia, la constructora contrata a sus empresas por un monto de 70 millones de pesos, las cuales son dirigidas por su hija y su esposo. Ahí se cuadra perfectamente el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, expuso Romo.
Destacó Romo que “estamos ante un contratogate”, donde podrían estar 14 desarrollos inmobiliarios, no sólo en Miguel Hidalgo, sino en otras alcaldías, y corresponderá a las autoridades llevar las investigaciones conducentes. Por su parte el ex secretario de Gobierno detalló que en 2016, la actual senadora facturó 979 mil 140 pesos; en 2017 fueron 43 millones 658 mil 276 pesos, y en 2018 sumaron 24 millones 834 mil 158 pesos, es decir, su empresa recibió de desarrollos inmobiliarios un total de 69 millones 471 mil 574 pesos.
Todo ese dinero, dijo, fue cuando era delegada en la demarcación sin nunca declarar un conflicto de intereses, cuando la Ley del Procedimiento Administrativo así lo establece. Debió excusarse y pedir que alguien más verificará estos desarrollos, pero no lo hizo.
Con ello queda plenamente acreditado no solamente su conflicto de intereses, sino el ocultamiento de éste, y que recibió y facturó ingresos a desarrollos inmobiliarios que estaba obligada a revisar para determinar que se realizaban conforme a derecho, concluyó.
DENUNCIA PRD
Incluso está el hecho de la desaparición de documentos de acuerdo a dirigentes del PRD, del edificio ubicado en la calle de Gutenberg número 126 en la colonia Anzures, lo que le permite seguir en pie.
Una construcción que viola los usos de suelo y que pese a la ilegalidad fue regularizada por la administración de la ahora senadora Xóchitl Gálvez, como lo señaló en su momento el director jurídico y gobierno en esa jurisdicción, Gustavo García Arias.
Los propietarios del inmueble construyeron un edificio de cinco niveles con 15 departamentos, en un terreno donde solo se permitía una altura de tres pisos con cinco viviendas, por lo cual se ordenó la demolición del excedente, sin embargo, esto no se cumplió.
Es un documento firmado por ella con fecha 21 de septiembre de 2018, cuando la entonces jefa delegacional de Miguel Hidalgo, todavía era Gálvez.
Asimismo expuso que la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en 2018 informó que este inmueble se había regularizado y que estaba apegado al programa Delegacional de Desarrollo Urbano y que Santiago Bonilla, director Jurídico de la entonces jefa delegacional Xóchitl Gálvez, fue quien retiró los sellos de clausura.
“Es un hecho que en la delegación Miguel Hidalgo existe una clara protección y favoritismo hacia Arneaus den Ruthen, los hechos que ha documentado la prensa confirman que los servidores públicos que colocó Arne en la delegación, bajo el amparo de Gálvez Ruiz, son sus ex empleados que trabajaron en la empresa Atlantis, propiedad del ex city manager”, indicó Romo cuando militaba en el Sol Azteca.
