Urgente: SOS en Sierra Tarahumara
Expedientes MX.
Talamontes devastan las zonas boscosas que generan las afluentes hidrológicas del sur de Sonora, Sinaloa y el Río Conchos, que suministran las principales zonas agrícolas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
Los ilícitos gubernamentales y de desarrollo no siempre se documentan en papel. A veces la corrupción corroe la espiritualidad, y las formas de vida de las personas. En la universidad te decían que la transculturización del alma era la que más dolía.
Hoy en pleno siglo XXI, la verdad es que ni las etnias más recónditas se pueden esconder de un mundo globalizado y afanado por el desarrollo industrial. Lo que sí, es que estos pueblos originarios tengan un suelo parejo en el desarrollo y no sean despojados de sus raíces y se les traiga progreso.
Una muestra de ello es como en la Sierra Tarahumara, administraciones van y llegan, y la zona sigue siendo un verdadero polvorín de injusticias para las comunidades de la región. En ella habitan cuatro pueblos originarios: Ódami o Tepehuán, Pima, Warijío y el más numeroso con un 77.8% de la población el pueblo Rarámuri o Tarahumara.
Esas zonas han sido de interés económico fundamentalmente por su amplia extensión y por que el 70% de la misma sería de interés forestal, además de concentrar una biodiversidad que la hace de interés para la minería y el turismo.
No es posible que desde hace décadas, la confluencia de distintos actores y diferentes intereses ha posicionado a la Sierra Tarahumara como una de las zonas con mayor conflictividad agraria que ha significado un importante deterioro de los derechos colectivos de las comunidades.
Ahí conviven los talamontes, los caciques, el crimen organizado, diversas sectas religiosas, y los partidos políticos. Toda una rareza de ideologías y formas de ver el mundo que se les quiere imponer a los lugareños. Todo eso ha generado, además, un desequilibrio ecológico debido a la explotación de los recursos naturales.
Peoples Rights Internacional ha denunciado que varias comunidades indígenas que habitan esta región, se encuentran en procesos de defensa de la tierra y el territorio, con el objetivo de preservar sus modelos de vida, apelando a su historia y derechos como pueblos.
Mientras el gobierno de la 4T se debate todos los días en los temas preferenciales de la mañanera, durante los recientes ocho meses la tala se practica de manera ininterrumpida en parte de la Sierra Tarahumara que no solo afecta a las comunidades indígenas de la región, se trata de un deterioro planetario.
Los problemas sociales ahí pasan desapercibidos para el gobierno federal y estatal. En esa región pasan dilemas que son inconcebibles. Como si fuera la época de la Revolución. Por lo pronto, es urgente frenar la tala ilegal debido al daño ambiental, el desplazamiento forzado interno, los asesinatos y las múltiples e irreparables violaciones a Derechos Humanos como la autonomía, la libre determinación, la consulta libre, previa e informada, los derechos a vivir en comunidad y de acuerdo con el propio pensamiento y cultura, el idioma, el bienestar comunitario de la niñez.
También se han visto coartados los derechos a vida, libertad, seguridad y a una vida libre de violencia. Los pueblos originarios de la región han denunciado que la tala ilegal se intensificó y en los últimos meses se ha agravado.
Actualmente no existe un plan de acción integral que evite la tala ilegal en los bosques de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, las acciones que han realizado los gobiernos municipales, estatales y federales no son suficientes ya que se encuentran implicados múltiples intereses económicos y políticos de los que las autoridades no tienen un control adecuado.
Un dato. Desde el año 1966 a la fecha al menos 22 personas fueron asesinadas por defender el bosque y el territorio. La devastación no solo afecta a las comunidades indígenas, sino también a las personas habitantes locales, a la agricultura, las ciudades y a quienes se benefician del agua de las partes bajas de las cuencas del Río Grande y del Pacífico que abastece a los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
Las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara han protegido con su vida el bosque ante la tala legal e ilegal. Desde hace más de tres décadas se encuentran en procesos de lucha y defensa a través de la vía agraria, civil y penal para defender el bosque, la naturaleza, el agua y el territorio que por derecho ancestral les pertenece.
Todo en contra de los intereses comerciales de personas con poder vinculadas a grupos criminales.
Los daños en la naturaleza y el ciclo del agua son irreversibles. En la eco región de la Sierra Tarahumara tiene una importancia comercial, ahí se genera el agua de las cuencas hidrológicas del sur de Sonora, Sinaloa y el Río Conchos, que suministran las principales zonas agrícolas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
Además, por el cauce del Río Conchos se contribuye con más del 50% al pago del tratado de aguas firmado con Estados Unidos desde 1944 y se alimenta con agua potable e industrial a las ciudades fronterizas del lado mexicano sobre la cuenca del Río Bravo, además de la región agrícola del Valle de Tamaulipas.
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Pero los gobiernos estatal y federal en la Luna. Es urgente que se elabore un plan de acción integral para frenar la tala ilegal en la Sierra Tarahumara, además de acciones urgentes para detener la tala ilegal inmediatamente, como la implementación de operativos permanentes, la revisión de centros de transformación de la madera y las redes de comercialización de la madera ilegal.
Además de que se garantice el derecho de las personas desplazadas a un retorno, digno y seguro a sus comunidades.
Administraciones van y vienen y los Rarámuri siguen siendo la realidad histórica de este país: rico en zonas boscosas y marginada en elementos sociales como ha denunciado la organización Indigenuos Peoples Rights Internacional. Y la 4T ni enterada está.
