¿Crece la corrupción pero nadie denuncia? ¿Por qué?
OTRO ENFOQUE POLÍTICO
Por Gínder PERAZA KUMÁN
Vivimos ya el último tramo de la actual administración federal, cuando ya deberíamos todos los ciudadanos, ya sea que estemos dentro de las oficinas de algún órgano de gobierno o fuera de ellas, contar con suficiente información sobre los avances y los atrasos y pendientes del gobierno estatal. Y sin embargo no tenemos ninguna fuente de datos sólidos y verificables para evaluar el trabajo que ya se haya hecho, ¿con qué objetivo? Obviamente que con el que todos debemos perseguir, que es el de que por fin tengamos autoridades que de verdad cumplan su trabajo, combatan la corrupción, y hagan rendir cada peso que nos quitan a todos los que vivimos en este país, a base de impuestos, derechos y demás gravámenes legalmente autorizados.
En la recta final del sexenio, decíamos, no se cumplen las promesas de transparentar el uso de todo el dinero que se gasta, y de castigar cualquier conducta manchada por la corrupción, un antiguo cáncer que padece nuestro país y cuyos efectos perniciosos sólo pueden ser igualados por los que causa la impunidad, es decir el flagrante delito que consiste en que una persona viole la ley, pase encima de ella o simple y olímpicamente la ignore.
Desde nuestra tribuna hemos citado varias veces, al hablar de corrupción y de falta de transparencia en el manejo de la cosa pública, del caso de los más de 100 fondos y fideicomisos cuya creación tomó mucho tiempo para realizar negociaciones y asumir compromisos que sirvieran para atender grandes necesidades. Pero bastó una orden de la máxima autoridad federal para desintegrar o desaparecer a esos muy valiosos organismos, generando una fuerte ola de desempleo en diversos niveles, y sembrando la confusión acerca de la forma en que se distribuyeron los recursos que habían sido incluso etiquetados en muchos casos, de manera que no pudiesen ser robados (“desviados”) por quienes los manejaban.
Según las leyes que con mucho trabajo se ha logrado implantar en México, en todos los casos el final de un trienio o un sexenio debe ser tan prístino como el comienzo, desarrollo y final de las administraciones que les siguen. Porque, lo diremos una vez más, cada peso que gastan los funcionarios públicos (éstos deberían preferir que les llamen servidores públicos; cuando no lo exigen, ahí empiezan de hecho todos los problemas de la política y los gobiernos) debería ser manejado con total transparencia.
En esos momentos, insistimos, todos deberíamos tener perfectamente claro en qué está gastando cada equipo y cada departamento de todas las dependencias públicas el dinero que se les asignó para que cumplan sus obligaciones. Pero la verdad es que de lo que más carece el país es de informes completos y honestos acerca del trabajo que se hace en cada dependencia y para cada persona que vive en este país. Por eso, cada vez que señalamos que las cosas de nuestro país no van todo lo bien que deberían, no culpamos hoy sólo a los gobiernos y los funcionarios, ni nada más a los millonarios y poderosos inversionistas del sector privado que llevan decenios saqueando las arcas públicas, sino que ahora ya agregamos a los trabajadores de a pie, ciudadanos comunes que no por comunes dejan de estar bien enterados de cómo se hacen los “negocios” en todos los ámbitos oficiales, y a pesar de que están conscientes de que el dinero que se roban es de todos nosotros, permiten que se lo lleven aunque sólo queden migajas para ellos, que se han vuelto maestros de la milenaria filosofía de “no veo, no oigo, no hablo”. Al menos eso nos han dicho muchas personas sobre la creciente complicidad que nutre a la impunidad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Será cierto o será mentira?
