Sheinbaum exige transparencia y auditoría integral al INE
OLa presidenta pide esclarecer contratos por mil 800 millones de pesos, revisar procedimientos y fortalecer la fiscalización electoral rumbo a 2027
La revisión de los contratos, el manejo de recursos públicos y los mecanismos de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) se colocaron en el centro del debate político, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistiera en la necesidad de realizar una auditoría integral al organismo, sin limitarla a la administración más reciente.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la instancia facultada para fiscalizar al INE, por tratarse de un organismo autónomo, y pidió que se investiguen todas las contrataciones señaladas, tanto de la gestión de Guadalupe Taddei como de administraciones anteriores.
El tema cobró relevancia ante los señalamientos sobre contratos que superan los mil 800 millones de pesos, relacionados con empresas proveedoras de materiales electorales y organismos electorales de distintas entidades. La exigencia presidencial es esclarecer cómo se asignaron esos recursos, desde cuándo operan los proveedores y si existieron posibles conflictos de interés, simulación de competencia o irregularidades administrativas.
Sheinbaum subrayó que las investigaciones deben seguir los cauces institucionales: si las auditorías encuentran posibles delitos, los expedientes deberán remitirse a la Fiscalía General de la República (FGR); en caso de faltas administrativas, corresponderá intervenir a las autoridades competentes.
La presidenta también pidió ampliar la revisión a periodos anteriores a 2023 y fortalecer la fiscalización de los ejercicios posteriores, para evitar que los señalamientos se concentren exclusivamente en una administración.
DISPUTA POR EL MODELO ELECTORAL
Más allá de las contrataciones, Sheinbaum aprovechó el debate para cuestionar el desarrollo histórico de las instituciones electorales y la influencia que, desde su perspectiva, mantuvieron determinados grupos políticos y económicos en su integración.
Recordó que las reformas electorales de 1988, 1996 y 2006 estuvieron precedidas por conflictos y movilizaciones relacionadas con la exigencia de elecciones confiables. En ese contexto, reivindicó la participación de los movimientos democráticos que cuestionaron los resultados electorales y demandaron cambios en las reglas de competencia.
En contraste, señaló la reforma político-electoral de 2014, impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco del Pacto por México, como un momento de concentración de atribuciones en la autoridad electoral nacional.
Uno de los cambios centrales de aquella reforma fue otorgar al INE la facultad de designar a las consejerías de los organismos públicos locales electorales (OPLE), atribución que anteriormente correspondía a los congresos estatales. Para la presidenta, ese rediseño debe analizarse también desde la perspectiva de la distribución del poder y la autonomía de las instituciones locales.
La mandataria cuestionó igualmente la permanencia de proveedores de materiales electorales durante distintos periodos y planteó investigar si un grupo reducido de empresas concentró contratos durante más de dos décadas.
Sheinbaum plantea revisar el funcionamiento del sistema electoral
AUTONOMÍA Y TRANSPARENCIA, EN EL DEBATE
Ante las críticas de representantes empresariales y sectores políticos sobre los riesgos que podrían representar los cambios al sistema electoral para la autonomía del INE, Sheinbaum respondió que fortalecer al organismo no significa mantener privilegios ni excluirlo de la rendición de cuentas.
Defendió que la autonomía institucional debe acompañarse de transparencia en el ejercicio presupuestal, contratación de servicios y decisiones administrativas.
También rechazó que la revisión de los contratos deba interpretarse como un intento de debilitar al instituto y sostuvo que las autoridades fiscalizadoras deben determinar si existen responsabilidades, sin adelantar conclusiones sobre personas o administraciones involucradas.
En ese sentido, insistió en que las investigaciones deben abarcar tanto el periodo de Lorenzo Córdova como el de Guadalupe Taddei, así como los antecedentes de las empresas señaladas.
REFORMA Y ELECCIONES DE 2027
La discusión también se relaciona con la propuesta de reforma electoral promovida por el Ejecutivo federal, que contempla modificaciones al sistema de representación política, el financiamiento de los partidos y los mecanismos de participación ciudadana.
Entre los planteamientos expuestos por Sheinbaum están revisar el esquema de representación plurinominal, reducir los recursos públicos destinados a los partidos políticos y ampliar los instrumentos de consulta popular.
La presidenta sostuvo que el objetivo es revisar las reglas de competencia y representación, así como fortalecer la participación ciudadana en las decisiones públicas.
De cara a las elecciones de 2027, aseguró que el país debe contar con instituciones electorales transparentes y capaces de garantizar procesos confiables. También anticipó que el debate sobre el futuro del INE no debe desplazar la obligación de esclarecer los señalamientos sobre el uso de recursos públicos.
La auditoría, las posibles responsabilidades y la reforma electoral colocan así al organismo en el centro de una discusión que involucra a partidos, autoridades, empresarios y organizaciones ciudadanas, con la transparencia y la autonomía institucional como algunos de sus principales puntos de confrontación.
