detiene a exfiscal de Chihuahua por presunta traición nacional
César “N” habría permitido intervención extranjera en un operativo irregular contra un laboratorio clandestino, sin autorización federal, informó Ernestina Godoy.
**Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.—** La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exfiscal general de Chihuahua, César “N”, por su presunta responsabilidad en hechos que podrían constituir el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional, al supuestamente permitir la participación de personas extranjeras en un operativo realizado en territorio mexicano sin autorización federal.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que la orden de aprehensión fue cumplimentada este sábado en la ciudad de Chihuahua, luego de que un juez federal la concediera con base en más de cien actos de investigación, entre diligencias de gabinete y trabajo de campo.
El caso se relaciona con un operativo efectuado en abril pasado en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde autoridades estatales intervinieron un inmueble que posteriormente fue identificado como un laboratorio clandestino de drogas y desmantelado por la Fiscalía federal.
De acuerdo con Godoy Ramos, las indagatorias apuntan a que el entonces fiscal habría ordenado y coordinado una intervención irregular en la que participaron personas de nacionalidad estadounidense, pese a que las acciones correspondían a facultades reservadas a las autoridades federales.
## Investigan posible vulneración de la soberanía nacional
La fiscal general sostuvo que los hechos investigados representan una posible transgresión al pacto federal y a la división de poderes, debido a que las entidades federativas no pueden asumir atribuciones exclusivas de la Federación ni transferir potestades públicas a autoridades extranjeras fuera del marco legal.
Explicó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen límites a la actuación de los gobiernos estatales en asuntos relacionados con la seguridad nacional. Por ello, la Fiscalía considera que la presunta intervención de ciudadanos extranjeros, sin autorización y en actividades que corresponderían a fuerzas federales, pudo comprometer la soberanía y la integridad del país.
La imputación se encuentra en una etapa judicial y deberá ser acreditada ante las autoridades competentes. La detención no implica, por sí misma, que el exfuncionario haya sido declarado culpable.
Accidente mortal reveló irregularidades del operativo
Uno de los elementos centrales de la investigación es el accidente vehicular ocurrido cuando los participantes regresaban de la zona serrana donde se desarrolló el operativo. El percance provocó la muerte de cuatro personas: dos servidores públicos mexicanos adscritos a la Fiscalía General de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses.
Según la información presentada por Godoy, la carpeta de investigación contiene datos, incluidos registros proporcionados por la propia fiscalía estatal, que apuntarían a que la participación de los extranjeros carecía de justificación legal.
La funcionaria también señaló que las indagatorias identificaron visitas reiteradas de ambas personas extranjeras a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, sin que se hubiera establecido una causa justificada para ello.
Estos elementos forman parte de las líneas de investigación destinadas a esclarecer quién autorizó la intervención, bajo qué condiciones se desarrolló y cuáles fueron las responsabilidades de los mandos involucrados.
Señalan operativo sin atribuciones ni investigación previa
Otro de los señalamientos de la FGR es que la fiscalía estatal y su policía habrían realizado acciones relacionadas con delitos federales sin contar con facultades para ello y sin abrir previamente una carpeta de investigación.
Godoy recordó que el propio exfiscal había declarado públicamente que el operativo fue resultado de meses de planeación entre la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas, dos áreas bajo su responsabilidad.
Para la autoridad federal, esa circunstancia deberá analizarse junto con las decisiones operativas, la cadena de mando y la posible participación de personas extranjeras, a fin de determinar si existieron actuaciones contrarias al marco constitucional y legal.
La investigación también busca esclarecer por qué las autoridades federales no habrían sido informadas antes de la intervención, pese a que se trataba de hechos presuntamente relacionados con delitos de competencia federal.
FGR acusa omisión de información a autoridades federales
La titular de la Fiscalía sostuvo que el entonces funcionario habría omitido comunicar oportunamente a la Federación información relevante sobre el operativo y que, en cambio, habría informado a personas extranjeras.
Según la versión expuesta por Godoy, las autoridades federales recibieron aviso después de que concluyó la intervención, de manera que calificó como precipitada e indebida. Una vez que tuvieron conocimiento de los hechos, asumieron la investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.
La FGR deberá sustentar ante los tribunales los señalamientos sobre la presunta omisión de información, la participación extranjera y las decisiones atribuidas al exfiscal, conforme avance el procedimiento judicial.
Ejecutan otra orden por delitos del fuero común
Godoy informó, además, que durante la mañana de este sábado la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión contra César “N”, relacionada con diversos delitos del fuero local.
La existencia de ambos procedimientos coloca al exfuncionario ante investigaciones de competencia federal y estatal, aunque cada una deberá seguir su propio curso legal y determinar las conductas específicas que se le atribuyen.
La fiscal general aseguró que la institución ha mantenido comunicación y coordinación con las autoridades de Chihuahua desde el inicio del caso, y afirmó que los avances se darán a conocer conforme lo permitan las disposiciones legales.
Al concluir su mensaje, Godoy reiteró que la FGR continuará las investigaciones con profesionalismo, diligencia, respeto a los derechos humanos y observancia del debido proceso.
El caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la colaboración internacional en materia de seguridad y las facultades de las autoridades estatales frente a delitos federales. La investigación deberá determinar si existieron responsabilidades individuales y si la actuación de los funcionarios involucrados vulneró las normas que regulan la soberanía nacional.
