Sheinbaum exige investigar torturas policiales contra jóvenes
Solicita a la CNDH esclarecer abusos durante protesta en Guadalajara, identificar responsables materiales y mandos, escuchar víctimas y aplicar sanciones conforme a derecho.
Pide Sheinbaum investigación independiente por presuntos abusos policiales en Jalisco
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre las presuntas agresiones, actos de tortura y abusos policiales denunciados durante una manifestación realizada el fin de semana pasado en Guadalajara, Jalisco, donde ciudadanos protestaron para exigir agua limpia.
Durante su conferencia matutina, la mandataria condenó el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, pero puso especial énfasis en las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos, al señalar que ninguna corporación de seguridad puede recurrir a la violencia ni vulnerar la integridad de las personas bajo su custodia.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco”, afirmó Sheinbaum, quien instruyó a la Secretaría de Gobernación a dar seguimiento al caso y solicitó al organismo nacional de derechos humanos esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
La presidenta planteó que la investigación no debe limitarse a identificar a los policías que presuntamente participaron en las agresiones, sino que también debe determinar si existieron órdenes, instrucciones o responsabilidades de mando que facilitaron los abusos.
Pide escuchar directamente a las víctimas
Como parte de las diligencias, Sheinbaum pidió a la CNDH entrevistar directamente a las personas afectadas, reconstruir el desarrollo de los acontecimientos y contrastar los testimonios con las versiones oficiales, a fin de establecer cómo ocurrieron las presuntas violaciones a los derechos humanos.
La mandataria insistió en que las víctimas deben tener la oportunidad de exponer sus experiencias y aportar información para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, señaló que, dependiendo de la naturaleza de las conductas denunciadas y de las atribuciones legales correspondientes, podrían intervenir la propia comisión nacional o la Fiscalía General de la República (FGR).
“¿Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes?”, cuestionó al reiterar que estas prácticas no deben tener cabida en el país.
Sheinbaum sostuvo que, si las investigaciones acreditan responsabilidades, las personas involucradas deberán ser sancionadas conforme a la ley. También pidió que el gobernador de Jalisco responda por lo sucedido en esa entidad, sin sustituir la investigación que solicitó al organismo nacional.
Seguridad pública sin violaciones a los derechos humanos
La presidenta recordó que las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar la seguridad pública y asegurar que sus corporaciones actúen dentro del marco legal. En ese sentido, subrayó que el uso de la fuerza no puede convertirse en un mecanismo para castigar, intimidar o reprimir a quienes ejercen su derecho a manifestarse.
La exigencia presidencial coloca el foco tanto en la actuación de los elementos policiales como en la cadena de mando responsable de los operativos, pues el esclarecimiento de los hechos requiere determinar si hubo instrucciones indebidas, omisiones o tolerancia frente a las presuntas agresiones.
La mandataria vinculó su postura con la defensa de las libertades y el rechazo a las prácticas represivas que marcaron distintos periodos de la historia política de México. Afirmó que la protección de los derechos humanos debe ser una obligación permanente de las instituciones, independientemente de la entidad donde ocurran los hechos.
La investigación solicitada deberá contribuir a esclarecer lo sucedido durante la protesta en Guadalajara, determinar las responsabilidades que correspondan y evitar que las denuncias de tortura queden sin respuesta institucional.
Sheinbaum reiteró que su gobierno no puede permitir este tipo de conductas y sostuvo que cualquier abuso cometido por integrantes de las fuerzas del orden debe investigarse y, cuando se compruebe, sancionarse conforme a derecho.
