Con el apagón de CFE, ¿qué cosa sucede?
La extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) es considerada por sus extrabajadores una represalia política de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón contra la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), debido al apoyo que esta organización brindó a Andrés Manuel López Obrador desde hace dos décadas.
Mario Benítez, vocero de un sector disidente del SME, aseguró que la administración de Luz y Fuerza del Centro fue obligada a registrar pérdidas financieras, pues, según explicó, compraba energía eléctrica a precios elevados.
Precisó que uno de los objetivos centrales del gobierno de Felipe Calderón habría sido privatizar la empresa mediante la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, entre ellos empresarios mexicanos presuntamente vinculados con la administración federal de aquella época.
Durante una entrevista con Ricardo Sevilla, del portal Datos Duros, Benítez sostuvo: “CFE nos vendía la energía a precio de mercado y nosotros teníamos que revenderla a precio subsidiado”.
Y remató: “Entonces, comprábamos un peso de electricidad y la vendíamos a 80 centavos; evidentemente, eso generaba una quiebra técnica”.
En ese sentido, Benítez describió lo ocurrido como “un despropósito administrativo garrafal entre dos empresas del gobierno”. A su juicio, nunca existió una administración articulada ni coordinada; por el contrario, sostiene que se produjo una maniobra financiera para presentar a LyFC como una empresa en quiebra.
Dicho de otro modo: si dos empresas del mismo gobierno no logran ponerse de acuerdo ni para cuadrar las cuentas, el desastre administrativo termina convertido en argumento para justificar la desaparición de una de ellas.
Luz y Fuerza del Centro era un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se encargaba de transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en la región central de México, incluida la Ciudad de México y diversas zonas de los estados de México, Morelos, Puebla, Michoacán e Hidalgo, hasta su extinción en octubre de 2009.
Desde entonces, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumió las actividades que desempeñaba LyFC.
En el proceso de liquidación quedaron afectados alrededor de 44 mil trabajadores, quienes recibieron indemnizaciones de montos distintos. Según las cifras citadas por Mario Benítez, algunos obtuvieron hasta cinco millones de pesos; otros, un millón, y algunos más, alrededor de 240 mil pesos. Porque hasta para quedarse sin empleo hubo categorías, diferencias y una generosa dosis de desigualdad.
La extinción de LyFC afectó la economía de miles de familias. De acuerdo con las estimaciones mencionadas, alrededor de 180 mil personas resintieron la pérdida de ingresos estables provenientes de la nómina. Asimismo, cerca de 22 mil jubilados enfrentaron incertidumbre respecto al pago de sus pensiones. El apagón, desde luego, no se limitó a los cables: también alcanzó la estabilidad económica de quienes dependían de ellos.
Las acusaciones contra la dirigencia del SME
A 17 años de la extinción de LyFC, integrantes de la disidencia sindical han formulado acusaciones contra Martín Esparza Flores, dirigente del SME, a quien señalan de haber creado, junto con personas cercanas, funcionarios y empresarios, un esquema de negocios relacionado con la prestación de servicios de fibra óptica en México, entre otros.
En diversos portales también han circulado señalamientos sobre el presunto enriquecimiento del dirigente sindical. Sus detractores sostienen que Esparza “convirtió al SME en su negocio personal con ayuda del Estado”. Una acusación grave que, por sí sola, no constituye una prueba: para eso están los documentos, las investigaciones y las resoluciones que permitan distinguir entre la denuncia política y la responsabilidad acreditada.
Dirigentes disidentes han afirmado que el sindicato se transformó en una empresa familiar de los Esparza. Según sus declaraciones, presentaron documentación ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con la organización sindical y el periodo posterior a la extinción de LyFC.
Los denunciantes sostienen que Martín Esparza habría recibido por liquidación más de cinco millones de pesos; su hermano, cuatro millones, y su hijo, más de un millón, pese a contar con apenas cinco años de antigüedad.
También aseguran que 14 familiares y personas cercanas a Martín Esparza reciben mensualmente más de 44 mil pesos por concepto de “Renta Vitalicia”, información que, afirman, obtuvieron mediante solicitudes de transparencia.
En contraste, señalan que numerosos extrabajadores sobreviven con pensiones de aproximadamente 14 mil pesos mensuales. La diferencia, de confirmarse las cifras, resulta difícil de explicar con discursos de solidaridad obrera: una cosa es enarbolar la bandera de los trabajadores y otra, bastante distinta, repartir sus beneficios.
Benítez señaló que las denuncias fueron presentadas ante la UIF en 2020 y que, hasta el momento al que se refiere la entrevista, no se habían traducido en acciones judiciales. Según el vocero, el expediente consta de más de 600 páginas. En sus declaraciones mencionó a Santiago Nieto y Pablo Gómez al referirse a la falta de avances que denuncia.
Seiscientas páginas, según Benítez, esperan su turno en el laberinto burocrático. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿cuándo una denuncia deja de ser un expediente acumulando polvo y se convierte en una investigación con resultados? La respuesta corresponde a las autoridades, no a la paciencia infinita de quienes reclaman justicia.
Contratos, outsourcing y presuntas irregularidades en el sector eléctrico
El portal Datos Duros, conducido por Ricardo Sevilla, difundió en su canal de YouTube información que atribuyó a investigaciones, datos públicos y documentos de transparencia relacionados con LyFC, CFE y el sector energético.
De acuerdo con la descripción del programa, la investigación realizada por integrantes de la resistencia del SME busca documentar un presunto quebranto financiero en el sector eléctrico.
La emisión también señala un incremento del gasto público destinado a servicios contratados mediante esquemas de outsourcing, que, según la información difundida, habría pasado de 29 mil millones a más de 237 mil millones de pesos en el Valle de México. Asimismo, menciona contratos presuntamente adjudicados a Manuel Bartlett Díaz y a corporaciones transnacionales.
Son cifras que exigen algo más que indignación: requieren contratos identificables, periodos comparables y documentos que permitan conocer cómo, dónde y por qué se gastó el dinero público. De lo contrario, hasta el dato más escandaloso corre el riesgo de quedarse en un titular espectacular y en una explicación pendiente.
En ese contexto, Benítez demandó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que se atiendan las reclamaciones de los extrabajadores y se analice su posible reinserción laboral.
También formuló acusaciones contra Martín Esparza por presunta traición a los intereses sindicales, nepotismo y supuestas irregularidades relacionadas con la empresa Fénix, así como por el posible desvío de energía eléctrica para su uso en granjas clandestinas de criptomonedas vinculadas al lavado de dinero, en zonas como Tlaola, Xicotepec y la presa de Nuevo Necaxa.
Por otra parte, Datos Duros recoge señalamientos sobre presuntas prácticas de consumo irregular de electricidad por parte de empresas de medios de comunicación, entre ellas Televisa y TV Azteca, así como de industrias y tiendas departamentales.
Las acusaciones contrastan con la exigencia de pago puntual que, según los denunciantes, enfrentan los usuarios domésticos: se les reclama hasta el último centavo y se les amenaza con suspender el servicio.
Para el ciudadano común, la tolerancia de la compañía eléctrica suele terminar justo donde empieza el adeudo; cuando se trata de grandes consumidores, los señalamientos plantean preguntas sobre la aplicación pareja de las reglas.
La cuestión no consiste en eximir a nadie de pagar, sino en exigir que la ley y las obligaciones se apliquen sin distingos. La electricidad no debería tener una tarifa para el ciudadano que llega justo a la quincena y otra, invisible, para quien dispone de abogados, contratos millonarios y acceso a los despachos del poder.
La disputa por el control sindical
A casi 17 años de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la dirigencia del SME y sus sectores disidentes continúan enfrentados por el control de la organización sindical y el destino de sus recursos.
Los disidentes sostienen que, pese al fallecimiento de algunos integrantes y al retiro de otros de la lucha sindical, los bienes patrimoniales y las cuentas bancarias de la organización siguen generando beneficios para el grupo encabezado por los Esparza.
La disputa revela una paradoja difícil de ignorar: mientras miles de trabajadores tuvieron que reorganizar sus vidas tras perder su empleo, dentro del sindicato persiste una pugna por el control de los recursos y la representación de quienes alguna vez compartieron una misma causa.
Estas acusaciones forman parte de un conflicto sindical y político que permanece abierto. Su esclarecimiento requiere contrastar testimonios con documentos financieros, expedientes oficiales y resoluciones de las autoridades competentes. La ironía es que, después de tantos años, todavía se discute quién tiene derecho a hablar en nombre de los extrabajadores y quién administra los bienes de una organización construida con las aportaciones de sus exintegrantes.
Fun will now commence
La parodia neoliberal en el marco del Foro América Libre 2026 tuvo un cierre escatológico: la cabeza de la efigie metálica de Felipe Calderón Hinojosa —FECAL, según el acrónimo burlón de sus detractores— terminó decapitada. Extrabajadores de LyFC encontraron la estatua, otrora glorificada, “tirada al lado de la basura y llena de excremento de pájaros y perros”, según la descripción de Mario Benítez.
La escena parecía escrita por un guionista con predilección por el humor negro: el bronce destinado a perpetuar la memoria de un expresidente terminó compartiendo espacio con los desperdicios. Si el monumento aspiraba a la inmortalidad, la realidad le concedió una postal bastante menos solemne.
Antes del episodio, el Frente Amplio de Unidad del SME “Jorge Tapia Sandoval” aprovechó la aparición de Calderón Hinojosa en el foro, celebrado en el Hotel Marquis, para manifestar su rechazo a su presencia. Al encuentro asistieron el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y la expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez.
La convocatoria del foro se presentó bajo la consigna de “defensa de los regímenes democráticos y las libertades en la región latinoamericana”. Sin embargo, sus críticos sostienen que el encuentro también sirvió de plataforma para cuestionar al gobierno mexicano: advertir sobre un supuesto regreso a la “dictadura perfecta”, poner en duda la autonomía del Poder Judicial y las instituciones electorales, y denunciar lo que consideran un deterioro democrático.
El llamado FECAL —y “presidente espurio”, como lo califican algunos disidentes del SME— pregonó que el Estado había sido cooptado por la violencia y que el verdadero enemigo por combatir era el crimen organizado, no la oposición política de derecha y extrema derecha de la región, olvidando que él pateó el avispero de la guerra contra el narcotráfico cuando García Luna, hoy preso en Estados Unidos, su pistolero, es parte de algún cártel.
También exhortó a la ciudadanía y a los actores políticos a “elevar la voz” frente al poder, sin importar las consecuencias. La participación de Calderón provocó reacciones políticas y protestas en la capital, por parte de sindicatos opositores a su legado.
Los extrabajadores de LyFC acudieron a reclamar, una vez más, la extinción de su fuente de trabajo, decretada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009. Para ellos, la desaparición de la empresa no es un capítulo clausurado de la historia administrativa: es una herida laboral que sigue abierta.
La presencia de los disidentes del SME no se limitó a decapitar la efigie de un expresidente. También puso en escena el resentimiento acumulado durante años de conflicto.
Benítez sostuvo que el rostro de la estatua “no era el de Calderón, no se parecía a Calderón”. Y mientras los asistentes al foro escandalizaban —según la interpretación de los manifestantes— por la suerte de una cabeza de hierro cubierta de mierda, los disidentes trajeron a colación el incendio de la Guardería ABC, tragedia en la que murieron 49 niñas y niños, y reclamaron que, a su juicio, no se ha exigido suficiente responsabilidad penal a quienes consideran responsables.
La comparación es deliberadamente provocadora: una cabeza metálica puede convertirse en noticia y escándalo, mientras las víctimas de una tragedia siguen reclamando justicia. Pero la indignación política no sustituye la precisión: las responsabilidades individuales deben establecerse con pruebas y resoluciones judiciales, no únicamente mediante consignas.
Con las cortinas del proscenio corridas, queda en la memoria el enfrentamiento entre dos relatos políticos: “unos luchan por la privatización de la nostalgia y los otros por la nacionalización del resentimiento”.
La frase resume el espectáculo: de un lado, quienes reivindican las libertades y la democracia mientras defienden un legado político cuestionado por sus adversarios; del otro, quienes mantienen viva la protesta por una empresa desaparecida y por los costos sociales de aquella decisión. Ambos bandos disputan no sólo el pasado, sino también el derecho a contar la historia desde su propia trinchera.
En el imaginario colectivo persiste la beligerancia entre quienes creen que el país se arregla liquidando sindicatos y quienes, según la mordaz acusación de los disidentes, parecen empeñados en liquidar la quincena sin trabajar, como los Esparza.
La ironía es evidente: en una disputa donde todos proclaman representar al trabajador, el trabajador corre el riesgo de convertirse en el invitado invisible
Cuando se encienden las luces, el espectáculo deja una última paradoja: “la derecha nacional acusa al sindicato del apagón económico, mientras el sindicato acusa a la derecha de querer gobernar con la luz apagada”.
Y así termina la función: entre apagones, expedientes, acusaciones, discursos de libertad y una cabeza de hierro que perdió la suya.
La pregunta que permanece no es quién consiguió el último insulto, sino quién responderá por los hechos que puedan demostrarse. Porque el sarcasmo puede iluminar las contradicciones del poder, pero la rendición de cuentas necesita algo más que una buena frase: necesita pruebas, justicia, consecuencias y, cuando se tengan en la mano, actuar con todo el peso de la ley para enterrar la impunidad de favoritos y delincuentes de cuello blanco.
