Sheinbaum prioriza consenso indígena y garantiza recursos permanentes
La Presidenta aplaza iniciativa hasta concluir consultas y anuncia 13 mil 500 millones de pesos para obras comunitarias durante 2026
La consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos marcará el ritmo de la nueva legislación que regulará sus derechos constitucionales. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que aplazará el envío al Congreso de la Unión de la Ley General reglamentaria del artículo 2° constitucional, hasta que las comunidades alcancen un consenso sobre su contenido y den su aprobación al proyecto.
Durante la ceremonia por el Día de la Nación Pluricultural, realizada en el patio Mariano de Palacio Nacional, la mandataria afirmó que las comunidades tendrán la última palabra en la definición de la iniciativa, por lo que descartó presentarla el 12 de octubre, como estaba previsto inicialmente.
Sheinbaum explicó que todavía existen temas pendientes de consulta y sostuvo que el gobierno federal mantendrá abierto el diálogo para incorporar las propuestas de los pueblos originarios y de la población afromexicana.
La decisión coloca la participación comunitaria como eje del proceso legislativo, por encima del calendario que se había establecido para remitir la iniciativa al Poder Legislativo.
“La idea de que a lo mejor el 12 de octubre hoy se podía entregar al Congreso, pero todavía hay temas que es importante que se sigan consultando. Entonces por eso pues ustedes llevan la mano, llevan la palabra, llevan la decisión y hasta que ustedes no nos digan ya está, pues entonces no la presentamos al Congreso de la Unión”, expresó la Presidenta.
Una ley para hacer efectivos los derechos constitucionales
La legislación secundaria deriva de la reforma al artículo 2° de la Constitución, publicada el 30 de septiembre de 2024, mediante la cual los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas fueron reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La nueva ley deberá establecer los mecanismos para hacer efectivos esos derechos y precisar los alcances de la capacidad de decisión, organización y administración de las comunidades.
Aunque la expedición de la legislación reglamentaria estaba prevista dentro de un plazo de 180 días, el gobierno federal amplió el proceso de consulta para recoger los planteamientos de los pueblos involucrados.
Con el aplazamiento, la administración federal busca continuar las conversaciones antes de entregar el proyecto al Congreso, donde se discutirá y, en su caso, se aprobará el marco legal correspondiente.
El objetivo anunciado es que la norma no se limite al reconocimiento formal de derechos, sino que considere las propuestas de las propias comunidades sobre su aplicación.
Garantizan recursos directos para obras comunitarias
En el mismo acto, Sheinbaum garantizó la continuidad del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), mecanismo que permite entregar recursos directamente a las comunidades para financiar obras y atender necesidades prioritarias.
La Presidenta informó que el presupuesto destinado a este fondo pasará de aproximadamente 12 mil 500 millones de pesos a 13 mil 500 millones en 2026, un incremento de mil millones de pesos respecto del monto referido.
Además, planteó que el mecanismo tenga carácter permanente mediante su incorporación al marco legal, con la finalidad de dar continuidad al financiamiento y evitar que su existencia dependa exclusivamente de decisiones presupuestarias anuales.
Durante su intervención, la mandataria señaló que el propósito es consolidar un esquema en el que las comunidades tengan capacidad de decidir cómo utilizar los recursos públicos, de acuerdo con sus necesidades y prioridades.
El FAISPIAM contempla obras de infraestructura y servicios básicos, como agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación. Las decisiones sobre los proyectos se toman en asambleas comunitarias, donde se define el destino del dinero.
Este modelo busca que los recursos lleguen directamente a las localidades, sin intermediación de los gobiernos municipales, y que sean las propias comunidades las que determinen qué obras requieren y cómo organizan su ejecución.
Pueblos indígenas decidirán el contenido de su nueva ley
Asambleas y tesoreras, parte de la administración
De acuerdo con las cifras presentadas en el contexto del programa, durante los últimos dos años se han canalizado alrededor de 25 mil millones de pesos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El mecanismo también contempla la elección de tesoreras mediante las asambleas comunitarias, con participación en la administración de los recursos destinados a las obras.
La intervención de las asambleas en la selección de proyectos y en el manejo del presupuesto forma parte del esquema de administración directa que el gobierno federal busca mantener y fortalecer.
Sheinbaum sostuvo que reconocer a los pueblos y comunidades como instancias con capacidad de decisión y manejo de recursos contribuye a fortalecer su autonomía y abre la posibilidad de consolidar un nivel de gobierno comunitario, junto con los ámbitos federal, estatal y municipal.
La propuesta supone que las comunidades no sean únicamente beneficiarias de programas públicos, sino que participen en las decisiones relacionadas con la infraestructura y los servicios que necesitan.
Diálogo abierto y compromiso presupuestal
La ceremonia se realizó frente al letrero conmemorativo “2026 Año de Margarita Maza” y contó con la participación de representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), así como de integrantes de comunidades de distintas regiones del país.
En este contexto, el gobierno federal mantendrá dos líneas de trabajo: concluir las consultas para definir el contenido de la ley reglamentaria y garantizar la continuidad de los recursos destinados a infraestructura comunitaria.
El aplazamiento de la iniciativa significa que el proyecto todavía deberá pasar por una etapa adicional de diálogo antes de llegar al Congreso. Por su parte, el compromiso de incrementar y dar permanencia al FAISPIAM apunta a sostener el financiamiento directo para obras y servicios.
La fecha de presentación de la legislación dependerá de que concluya el proceso de consulta y de que las comunidades manifiesten su conformidad con el contenido de la propuesta.
