Nacionalidad única regirá candidaturas ejecutivas desde 2028
La reforma constitucional exige nacionalidad mexicana exclusiva para Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno, sin modificar derechos de doble ciudadanía.
La presidenta Claudia Sheinbaum formalizó este miércoles la reforma constitucional que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una disposición que comenzará a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Durante la conferencia matutina, la mandataria informó que el decreto ya fue aprobado por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y recibió el respaldo de 22 congresos estatales, con lo que se cumplió el procedimiento previsto para modificar la Constitución.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que quienes busquen ocupar alguno de esos cargos deberán ser mexicanos por nacimiento y, en caso de contar con otra nacionalidad, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La medida no elimina ni restringe de manera general la doble nacionalidad. Los mexicanos podrán continuar teniendo una segunda o incluso varias nacionalidades; la nueva obligación se limita a quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal, un gobierno estatal o la administración de la Ciudad de México.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el cambio busca establecer una condición específica para quienes ejercerán la representación política y constitucional del Estado mexicano. En el caso de una persona con doble nacionalidad, la renuncia deberá concretarse antes de solicitar su registro electoral.
Además, durante el ejercicio del cargo, la reforma establece restricciones adicionales. La persona titular de la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni acogerse a la protección diplomática de otro Estado.
Soberanía y representación nacional
Sheinbaum ha sostenido que la modificación responde a una cuestión de representación del Estado y de soberanía nacional. En declaraciones previas, argumentó que quien ocupe la Presidencia o una gubernatura debe representar exclusivamente a México, aunque aclaró que la doble nacionalidad seguirá siendo un derecho reconocido para la población en general.
El proceso legislativo avanzó después de que 22 congresos locales aprobaron la reforma. Entre las entidades que dieron su aval se encuentran Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México.
Aunque el decreto constitucional entra en vigor después de su publicación oficial, sus disposiciones electorales tendrán efectos a partir de 2028. Por ello, la reforma no modifica las reglas aplicables al proceso electoral de 2027. Alcalde explicó que esta previsión responde también a la prohibición de alterar las reglas electorales de una elección que ya se encuentra en curso.
El nuevo marco constitucional también contempla que el Congreso de la Unión y las entidades federativas realicen las adecuaciones correspondientes a las leyes de nacionalidad y electorales dentro de los plazos establecidos en los artículos transitorios.
Con ello, el requisito de nacionalidad única queda incorporado al marco constitucional mexicano para los principales cargos ejecutivos. La reforma no impide que ciudadanos mexicanos con doble nacionalidad participen en la vida política, pero sí establece una condición adicional si buscan competir por la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno a partir de 2028.
