Aguilar reivindica nueva Corte frente al viejo poder
El ministro presidente defendió una Corte más austera, electa y cercana al pueblo, mientras comienza la disputa política por su sucesión.
El primer informe de actividades de Hugo Aguilar Ortiz al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo una lectura que fue más allá del balance administrativo: representó una defensa política del nuevo Poder Judicial surgido de la reforma constitucional de 2024 y una reivindicación del principio de que la justicia debe responder también a la ciudadanía.
Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los presidentes de las cámaras del Congreso de la Unión, Aguilar sostuvo que México vive una transformación profunda de sus instituciones judiciales y afirmó que, a diferencia de la etapa anterior, el Poder Judicial ya no debe ser utilizado para preservar privilegios o intereses particulares.
“Hoy el pueblo también manda en el Poder Judicial de la Federación”, afirmó el ministro presidente, en uno de los mensajes centrales de su intervención.
El señalamiento colocó al informe dentro del debate político sobre el nuevo equilibrio institucional del país: un Poder Judicial elegido mediante voto popular, sometido a nuevos mecanismos de disciplina y obligado a justificar ante la sociedad el ejercicio de sus funciones.
“Se acabó” la Corte al servicio de intereses
Aguilar Ortiz aprovechó su primer informe para responder indirectamente a quienes cuestionaron la reforma judicial y anticiparon riesgos para la autonomía de la Suprema Corte.
“Este año de trabajo ha servido para despejar dudas, el Poder Judicial es autónomo”, sostuvo.
El mensaje buscó marcar distancia con la idea de que la transformación judicial implicaría una subordinación de la Corte frente al Ejecutivo o al Legislativo. Por el contrario, el ministro presidente aseguró que la autonomía permanece, pero bajo una lógica distinta: mayor responsabilidad pública, austeridad y cercanía con la sociedad.
En ese contexto lanzó una crítica directa a las prácticas que, desde su perspectiva, permitían utilizar los procedimientos judiciales para prolongar controversias.
“Se acabó usar la SCJN para retrasar asuntos en beneficio de intereses personales”, afirmó.
La frase sintetizó buena parte del discurso político del informe: la nueva Corte busca presentarse como una institución que rompe con privilegios, reduce espacios de discrecionalidad y coloca el funcionamiento de la justicia bajo mayor escrutinio público.
El rezago se convierte en argumento político
Uno de los elementos utilizados para justificar el cambio institucional fue el diagnóstico sobre las condiciones en las que, según Aguilar, recibió la Corte la nueva integración.
El ministro presidente reportó 3 mil 177 promociones sin atender, 18 mil 38 razones secretariales pendientes de cierre de expedientes y 345 asuntos sin tramitar.
A ello sumó alrededor de 3 mil expedientes que no habían sido enviados al archivo desde 2024 y cerca de 20 mil asuntos que permanecían sin darse de baja.
El señalamiento adquiere una dimensión política porque permite a la nueva integración contrastar su desempeño con el funcionamiento de la etapa anterior y utilizar la reducción del rezago como argumento para defender la reforma judicial.
Aguilar informó que durante este primer año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales, incluidos asuntos provenientes de la anterior integración, mientras que fueron resueltos 13 mil 231, equivalente a 88 por ciento.
De ellos, 2 mil 640 fueron resueltos por el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdos.
La apuesta, explicó, es evitar que los expedientes permanezcan detenidos mediante herramientas como el Sistema Integral de Registro y Administración Judicial (SIRAJ).
Austeridad contra los privilegios
Otro de los mensajes políticos del informe estuvo relacionado con el dinero público.
Aguilar Ortiz defendió la austeridad como una de las características de la nueva Suprema Corte y aseguró que no regresarán privilegios que identificó con la etapa anterior.
Entre ellos destacó la ausencia de seguros privados de gastos médicos mayores para los ministros y adelantó que el presupuesto de 2027 mantendrá una política de contención del gasto.
El planteamiento busca reforzar una de las banderas centrales de la transformación judicial: que quienes ejercen funciones de alta responsabilidad pública no tengan beneficios que los coloquen por encima de la población a la que están obligados a servir.
La elección judicial, eje de la nueva legitimidad
Aguilar también reivindicó el proceso electoral mediante el cual llegaron los nuevos juzgadores.
De las 851 personas juzgadoras electas, informó, 89 por ciento fueron consideradas aptas por el Tribunal de Disciplina Judicial.
El dato fue presentado como parte de la nueva arquitectura institucional que busca combinar elección popular con mecanismos de evaluación y disciplina.
Para la nueva Corte, esta combinación representa uno de los principales argumentos para defender la legitimidad del Poder Judicial surgido de la reforma: jueces electos, controles institucionales y una mayor exposición ante la ciudadanía.
Sheinbaum acompaña el cambio institucional
La presencia de Claudia Sheinbaum en el informe también tuvo un peso político.
La presidenta acudió a la sede de la Suprema Corte después de trasladarse desde Palacio Nacional y previamente había defendido la transformación judicial al considerar que México tiene ahora un Poder Judicial “mucho mejor que el que había”, con menos corrupción y mayor capacidad de los juzgadores.
Su asistencia al acto mostró, además, la relevancia que el Ejecutivo concede a la consolidación de la nueva estructura judicial.
Junto a ella estuvieron representantes del Congreso, del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República, de las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Electoral, en una ceremonia que reunió a buena parte de los actores centrales del nuevo escenario institucional.
La sucesión abre otra batalla política
Pero el informe también abrió otro frente: la sucesión en la Presidencia de la Suprema Corte.
Con el cierre del periodo de Aguilar Ortiz al frente del máximo tribunal, el foco comienza a colocarse sobre las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa, entre quienes se perfila una eventual disputa por la conducción de la Corte.
La definición no sólo tendrá consecuencias administrativas. La Presidencia del máximo tribunal será clave para determinar el rumbo político e institucional de una Corte que apenas comienza a operar bajo las nuevas reglas de la reforma judicial.
Existe además una discusión jurídica sobre el mecanismo y el momento en que deberá realizarse la renovación, a partir de las distintas interpretaciones de las disposiciones constitucionales.
El escenario, por tanto, comienza a perfilar una nueva disputa por el liderazgo del Poder Judicial.
Más que un simple informe de resultados, el mensaje de Aguilar Ortiz funcionó como una defensa del nuevo modelo judicial y una declaración de principios frente al antiguo régimen institucional: autonomía sí, pero sin privilegios; poder judicial sí, pero con participación ciudadana; justicia sí, pero sin expedientes utilizados como instrumentos de intereses particulares.
Y con la sucesión en puerta, la transformación de la Corte entra ahora en una segunda etapa: la disputa por quién tendrá las riendas del nuevo Poder Judicial.
