Blindan cargos de elección ante doble nacionalidad
La iniciativa busca que aspirantes a cargos ejecutivos renuncien previamente a nacionalidades extranjeras y privilegien soberanía e interés nacional.
El Gobierno de México prepara una reforma constitucional para establecer que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán acreditar una sola nacionalidad: la mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa con la que busca cerrar cualquier vacío jurídico relacionado con la doble nacionalidad y garantizar que quienes ocupen los principales cargos ejecutivos del país mantengan una lealtad exclusiva hacia México.
La mandataria explicó que el proyecto fue elaborado por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, en coordinación con el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Saldívar. Ambos revisaron las disposiciones constitucionales vigentes y detectaron que su redacción permite distintas interpretaciones.
Actualmente, los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen requisitos de nacionalidad para ocupar la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno capitalina, mientras que el artículo 32 reserva determinados cargos a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad.
Sin embargo, la legislación no define con suficiente precisión qué sucede cuando una persona posee otra nacionalidad desde su nacimiento, situación que, de acuerdo con la explicación presentada por el Ejecutivo, ha permitido que funcionarios lleguen a cargos de gobierno pese a conservar una segunda nacionalidad.
Renuncia antes del registro
La propuesta plantea modificar el artículo 86 constitucional para establecer como requisito presidencial que la persona candidata sea mexicana por nacimiento, esté en pleno ejercicio de sus derechos, sea hija o hijo de padre o madre mexicanos y haya residido en México durante al menos 20 años.
El punto central consiste en que quien posea una nacionalidad adicional deberá renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.
La reforma también establecería restricciones durante el ejercicio del cargo. Quien ocupe la Presidencia no podría adquirir o solicitar una nacionalidad distinta a la mexicana ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad diferente.
Tampoco podría utilizar pasaporte o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía ni solicitar protección diplomática de otro país.
El incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado conforme a las responsabilidades previstas en el Título Cuarto de la Constitución.
La misma regla para gobernadores
El proyecto contempla trasladar estas mismas exigencias al artículo 116, correspondiente a las gubernaturas, y al artículo 122, relativo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
De esta manera, quienes pretendan encabezar los gobiernos estatales o el Ejecutivo capitalino también tendrían que acreditar la renuncia previa a cualquier otra nacionalidad antes de ser registrados como candidatos.
La intención, de acuerdo con el planteamiento del Ejecutivo, es que el requisito no quede sujeto a interpretaciones posteriores y sea comprobado antes de que una candidatura pueda avanzar formalmente.
Cambios a la Ley de Nacionalidad
La iniciativa constitucional estaría acompañada de modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer un procedimiento específico para quienes deban renunciar a una segunda nacionalidad.
El trámite tendría que efectuarse ante las autoridades mexicanas y del país correspondiente, además de acreditarse ante el Instituto Nacional Electoral antes del registro de la candidatura.
Con ello, el Gobierno federal pretende convertir la renuncia a otra nacionalidad en una condición verificable desde la etapa electoral, en lugar de dejar el tema a interpretaciones una vez que la persona ya ocupa un cargo público.
Sheinbaum sostuvo que el propósito de la reforma es colocar el interés nacional y la soberanía por encima de cualquier vínculo jurídico con otro Estado.
La propuesta deberá ser enviada al Congreso para iniciar el proceso legislativo correspondiente. De aprobarse, establecería nuevas condiciones para quienes busquen dirigir al país, gobernar una entidad federativa o encabezar el gobierno de la capital.
