Sheinbaum pide a Inzunza apartarse mientras investigan
Presidenta exige separación de funcionarios investigados, reclama pruebas a Estados Unidos y defiende soberanía de México ante cualquier señalamiento extranjero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que cualquier funcionario sujeto a una investigación formal debe valorar su separación temporal del cargo, sin que ello implique anticipar una condena o determinar culpabilidades.
Al referirse nuevamente al caso del senador Enrique Inzunza Cázarez, cuyo nombre aparece relacionado con una investigación en Estados Unidos, la mandataria mantuvo el mismo criterio que planteó previamente respecto del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya: quienes enfrentan señalamientos o indagatorias deben actuar con responsabilidad frente a la ciudadanía y permitir que las autoridades esclarezcan los hechos.
Sheinbaum subrayó que apartarse del cargo mientras se desarrolla una investigación no significa prejuzgar a una persona, sino contribuir a que el proceso se lleve a cabo sin cuestionamientos sobre el ejercicio de una responsabilidad pública.
La presidenta también colocó el tema en el ámbito de la soberanía nacional. Recalcó que en México son las instituciones mexicanas las encargadas de investigar y determinar si existen elementos para proceder contra algún ciudadano, por lo que cualquier solicitud proveniente del extranjero debe estar respaldada por pruebas.
En ese sentido, señaló que si el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita una extradición, detención o cualquier otra acción contra una persona, corresponde a las autoridades mexicanas analizar los elementos presentados y actuar conforme a las leyes nacionales, los tratados internacionales y el sistema penal acusatorio.
La Fiscalía General de la República, añadió, tiene la responsabilidad de investigar los casos que correspondan y responder institucionalmente a las solicitudes de otros gobiernos. Si no existen elementos suficientes que acrediten una conducta delictiva, sostuvo, también deben considerarse las posibles motivaciones detrás de determinados señalamientos.
Para Sheinbaum, ningún gobierno extranjero puede sustituir a las instituciones mexicanas ni decidir sobre la actuación de funcionarios o ciudadanos dentro del país.
La mandataria vinculó además este criterio con los principios que, dijo, deben caracterizar a quienes forman parte del movimiento de transformación y ocupan cargos de elección popular: honestidad, honradez, integridad y compromiso con el pueblo.
Afirmó que el servicio público no debe convertirse en una vía para satisfacer ambiciones personales o acumular poder, sino en una responsabilidad destinada a transformar las condiciones de vida de la población y fortalecer las instituciones.
La presidenta también llamó a evitar que los señalamientos políticos o mediáticos se conviertan automáticamente en sentencias públicas. Cuestionó la difusión de información falsa y las versiones que presentan como culpables a personas que todavía no han sido sometidas a una investigación y resolución de las autoridades competentes.
El planteamiento presidencial, por tanto, busca mantener dos principios simultáneos: responsabilidad de los funcionarios ante cualquier investigación y respeto irrestricto al debido proceso.
Bajo esa lógica, el caso de Inzunza debe resolverse mediante las instituciones correspondientes, mientras que el senador deberá valorar su permanencia en el cargo frente a los cuestionamientos existentes.
Sheinbaum insistió así en una postura que, de acuerdo con su argumento, no distingue entre nombres o posiciones políticas: quien se encuentre bajo investigación debe actuar con responsabilidad, separarse cuando corresponda y permitir que las autoridades determinen si existen responsabilidades.
Al mismo tiempo, dejó claro que cualquier acusación proveniente del exterior debe sustentarse en pruebas y tramitarse mediante los mecanismos legales establecidos. Para el Gobierno de México, la defensa de la soberanía y el respeto al debido proceso deben avanzar de manera paralela.
