Ciudadanos impulsan juicio político formal contra Rocha Moya
Sectores productivos y ciudadanos presentan 16 señalamientos y exigen al Congreso analizar el caso mediante una votación pública y transparente.
Ciudadanos, empresarios vinculados a la Coparmex, integrantes del sector restaurantero y la diputada priísta Paola Gárate Valenzuela llevarán este lunes ante el Congreso de Sinaloa una solicitud formal de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, bajo el argumento de que existen presuntos actos y omisiones que deben ser revisados por las autoridades estatales.
El expediente plantea 16 hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo de Rocha Moya que, de acuerdo con los promoventes, podrían representar afectaciones a los intereses públicos fundamentales y al adecuado funcionamiento de la administración estatal.
Entre los señalamientos se encuentran hechos relacionados con las elecciones de 2021, particularmente presuntos casos de privación de la libertad de militantes y operadores de diferentes fuerzas políticas. También se incorpora el caso de Paola Gárate Valenzuela, entonces diputada y actualmente legisladora priísta.
La exdiputada local Karla Montero explicó que la solicitud fue preparada con asesoría jurídica y consta de 14 fojas. Su intención, dijo, es que el Poder Legislativo estatal reciba el documento, revise su procedencia y, de ser viable, convoque a una sesión extraordinaria para determinar el curso que deberá seguir.
Entre los ciudadanos que respaldan la petición se encuentran Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa; el exdirigente de Canirac, Miguel Taniyama; el activista Manlio Abel Jacobo Miller, de #BardasBlancas; Eduardo Cota y la propia Karla Montero, además de otros participantes.
Los promoventes estiman inicialmente la participación de entre 20 y 30 ciudadanos, quienes podrán incorporarse al procedimiento mediante documentación como copia de la credencial de elector, acta de nacimiento y firma.
Exigen a diputados hacer público su voto
Más allá de que el Congreso determine si la solicitud cumple con los requisitos legales, los ciudadanos buscan colocar a los legisladores frente a una definición política pública.
Karla Montero sostuvo que cada diputado debe fijar una postura clara frente al procedimiento y que la ciudadanía tiene derecho a conocer quién respalda la investigación y quién se opone.
La solicitud también cuenta con una lona instalada en el acceso principal del Salón Constituyentes del Congreso de Sinaloa, con la finalidad de convocar a más ciudadanos a sumarse.
Paola Gárate confirmó que respaldará formalmente el juicio político y llamó a las fuerzas de oposición y a la sociedad a recurrir a las vías institucionales para esclarecer los señalamientos.
La legisladora argumentó que el procedimiento adquiere especial relevancia ante la separación temporal de Rocha Moya del cargo, pues busca evitar que eventualmente pueda regresar al gobierno estatal sin que previamente se hayan revisado y esclarecido las acusaciones planteadas por los promoventes.
Gárate también cuestionó la falta de información pública sobre los trabajos del Congreso relacionados con la definición de la gubernatura sustituta y demandó que las sesiones sean transmitidas en vivo.
Solicitud no implica responsabilidad de Rocha Moya
La presentación del documento no significa que el juicio político haya sido aprobado ni que Rubén Rocha Moya haya sido declarado responsable de alguno de los hechos señalados.
El Congreso de Sinaloa deberá revisar primero los requisitos legales y determinar si existen elementos suficientes para admitir y continuar el procedimiento. En caso de avanzar, deberán cumplirse las distintas etapas establecidas por la legislación estatal.
Por ello, los señalamientos contenidos en el expediente representan, hasta este momento, acusaciones formuladas por los promoventes y no una resolución de responsabilidad.
La exlegisladora Karla Montero comparó el planteamiento con otros procedimientos políticos desarrollados en Sinaloa, entre ellos el relacionado con Jesús Estrada Ferreiro, al considerar que los hechos expuestos ameritan una revisión de fondo por parte del Poder Legislativo.
Juicio político coincide con definición de gubernatura
La solicitud llega mientras el Congreso estatal enfrenta otro proceso político relevante: la definición de quién concluirá el periodo constitucional de la gubernatura de Sinaloa tras la separación temporal de Rocha Moya.
Gárate Valenzuela reclamó mayor transparencia en las deliberaciones de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y pidió que exista información pública sobre los horarios y avances de sus reuniones.
La legisladora también planteó que el proceso para designar al gobernador sustituto debe incluir diálogo con las fuerzas políticas, organizaciones ciudadanas, sectores productivos y representantes de la academia.
A su juicio, ambas discusiones deben contribuir a recuperar la gobernabilidad estatal y atender las demandas de transparencia y rendición de cuentas.
El siguiente paso estará en manos del Congreso de Sinaloa, que deberá determinar si la solicitud reúne las condiciones para iniciar formalmente el procedimiento. Mientras tanto, los promoventes anticipan que mantendrán la presión ciudadana para que el expediente sea recibido, analizado y, eventualmente, sometido al voto de los legisladores.
