Vinculan a proceso al exgobernador Ángel Aguirre por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano resolvió vincular a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La determinación fue tomada después de una audiencia que se prolongó durante más de 15 horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) expuso los elementos con los que busca acreditar la participación del exmandatario en los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Defensa presentó 31 datos de prueba
Durante la audiencia, los abogados de Aguirre Rivero presentaron 31 datos de prueba con la intención de desacreditar las acusaciones formuladas por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez consideró que estos elementos no eran suficientes, en esta etapa del proceso, para desvirtuar la hipótesis de la FGR, que señala al exgobernador como presunto responsable de ordenar acciones para ocultar o destruir evidencias relacionadas con la desaparición de los estudiantes.
La investigación sostiene que, tras los acontecimientos registrados en Iguala, se habría instruido a funcionarios estatales para eliminar información que pudiera ayudar a esclarecer el paradero de los jóvenes.
Testimonios apuntan a la presunta destrucción de evidencia
Uno de los principales argumentos de la Fiscalía se basa en los testimonios de dos exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, identificadas como Blanca “N” y Lambertina “N”.
De acuerdo con la acusación, Blanca “N”, quien se desempeñaba como visitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, habría tenido acceso a un sobre que contenía un disco con imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Las grabaciones, según la FGR, mostrarían el traslado de uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas y la posterior intervención de hombres armados, quienes presuntamente obligaron a los estudiantes a abordar otra unidad.
Para la Fiscalía, este material representaba una evidencia relevante para establecer quiénes participaron en el traslado de los jóvenes y determinar la ruta que siguieron después de salir de Iguala.
La acusación contra el exgobernador
La versión presentada por el Ministerio Público establece que el material habría sido entregado a Aguirre Rivero el 29 de septiembre de 2014, tres días después de la desaparición de los estudiantes.
Según la acusación, el entonces gobernador habría entregado posteriormente el disco al procurador estatal, Iñaki Blanco, con la instrucción de deshacerse de la evidencia.
La FGR también sostiene que después de ello se habrían realizado acciones para eliminar o destruir información relacionada con los acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Defensa asegura que Aguirre no estaba en Guerrero
La defensa del exgobernador rechazó esta versión y presentó testimonios y documentos con los que buscó demostrar que Aguirre Rivero se encontraba en la Ciudad de México el 29 de septiembre de 2014.
Los abogados señalaron que ese día el exmandatario sostuvo una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, argumento que, según la defensa, demostraría que no se encontraba en Guerrero y, por lo tanto, no pudo haber recibido el sobre con el material videográfico.
No obstante, el juez determinó que las pruebas presentadas no eran suficientes para descartar, en esta etapa procesal, los señalamientos de la Fiscalía.
Tendrá 120 días para continuar la investigación
El juzgador concedió un plazo de 120 días para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual tanto el Ministerio Público como la defensa podrán reunir y presentar nuevos elementos de prueba.
Aguirre Rivero permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras enfrenta el proceso por desaparición forzada.
Su defensa adelantó que buscará modificar la medida cautelar para que el exgobernador pueda continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, argumentando su estado de salud y su edad, ya que tiene 70 años.
El caso se suma a las investigaciones que, a más de una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, continúan buscando esclarecer la responsabilidad de funcionarios y otros actores involucrados en los hechos de Iguala.
