La “Directiva Secreta” al Pentágono para eliminar a los carteles cumplió un año… y sigue oliendo a promesa vacía.
La famosa orden para que los militares de Estados Unidos “eliminaran” a los carteles latinoamericanos cumplió un año el sábado 25 de julio. Un año entero. Y lo único que ha eliminado es la paciencia de quienes esperaban algo más que discursos inflamados y lanchas destruidas en el Caribe.
Recordemos: estos son los mismos carteles que Washington ya había bautizado como “Organizaciones Terroristas Internacionales”, etiqueta que sirvió de pretexto para la operación fallida de extracción de Nicolás Maduro y para la exhibición naval que terminó en pedacería de motores fuera de borda.
Hoy, un año después, la pregunta es inevitable: ¿Qué demonios buscaba realmente Trump con esta directiva?
¿Era solo el golpe teatral contra Venezuela? — ¿Era un ensayo general para algo más grande? –¿O era, como tantas cosas en esta administración, puro ruido para alimentar la narrativa del “yo sí puedo hacer lo que otros no se atreven”?
Porque si el objetivo era “acabar con los carteles”, sería bueno saber si ya desapareció el Cartel de los Soles.
La respuesta es obvia: no.
Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque esta directiva no es un simple papel olvidado en un cajón del Pentágono. Es —todavía— la base
oficial para operaciones militares directas en tierra extranjera contra carteles específicos. Sí, en tierra. Sí, sin anestesia diplomática.
¿México? ¿Colombia? ¿La media docena de países donde se cocina, empaca y exporta la cocaína y el fentanilo que alimentan el mercado estadounidense?
La capacidad militar de EE. UU. es tan aplastante que, si un presidente realmente quisiera borrar a un cartel del mapa, podría hacerlo antes de que termine la jornada laboral.
Pero… El error fue suponer que ese presidente era Donald Trump.
Porque déjeme decirle, destruir laboratorios y capturar capos es fácil. Lo difícil — lo verdaderamente imposible— es acabar con el crimen organizado.
Y eso no se logra con drones ni con marines, sino con algo que esta administración desprecia: instituciones fuertes, fiscales protegidos, policías profesionales y jueces que no se venden por un sobre manila.
Mientras veía la conferencia de prensa tras la cadena perpetua del Mayo Zambada, me regresó la misma reflexión de siempre: Matas al líder y salen tres
más. La droga sigue fluyendo. El precio sigue estable. La pureza apenas cambia. El negocio nunca se detiene.
La DEA lo confirma: en 2024 cayó la pureza del fentanilo, pero aumentó la mezcla con sustancias que vuelven cada dosis una ruleta rusa. Y en México, montar un laboratorio cuesta menos que un coche usado. Por eso la estrategia Trumpista ya no solo apunta a narcos: ahora incluye a políticos, policías y banqueros
que les abren la puerta. El territorio es poder. Y el norte de México es el tablero principal.
Claudia Sheinbaum lo dijo claro el 8 de agosto: “Estados Unidos no va a entrar en México con su ejército.” Cooperación sí. Invasión no. Punto.
Y Washington lo sabe: una operación militar sin permiso sería un desastre diplomático, económico y estratégico. Sería dinamitar la relación bilateral, destruir la cooperación migratoria y convertir cualquier agenda compartida en cenizas.
Por eso me llamó la atención el libro The Making of Mexico, de Pamela Starr. Starr lo dice sin rodeos: México es crucial para Estados Unidos, pero los estadounidenses entienden muy poco de cómo funciona realmente.
Su análisis me gusta porque desmonta la visión simplista de que México es el “primo pobre” de Estados Unidos y explica las fuerzas profundas que moldean la política mexicana y cómo eso nos llevó a la Cuarta Transformación.
Y aquí está el punto central: La relación México–Estados Unidos es demasiado compleja, demasiado frágil y demasiado vital como para jugar a los soldaditos.
Porque si EE. UU. decide usar su ejército contra cárteles en territorio extranjero, sin permiso, estaría cometiendo lo que la ONU llama “acto de
agresión”. Y en América Latina, donde las cicatrices de intervenciones pasadas siguen abiertas, nadie compraría el cuento de la “autodefensa”.
Además, la estrategia militar es un fracaso anunciado. La historia lo demuestra: Pablo Escobar cayó. El Chapo cayó. El Mayo cayó. Cientos de capos han caído. Y el negocio sigue intacto.
La violencia se recicla. Los grupos se regeneran. Los mercados se adaptan. La guerra militar contra los carteles es una guerra diseñada para no terminar nunca.
Y si la directiva apunta a Venezuela, el escenario es aún más explosivo. ¿Un golpe quirúrgico? ¿Una invasión total? ¿O solo ruido para alimentar la narrativa del
… “Yo sí me atrevo”?
Cualquiera de las tres opciones es un callejón sin salida.
Porque si EE. UU. “rompe” Venezuela, tendrá que “comprarla”. Es el “Pottery Barn Rule” de Iraq, en versión tropical. Un país roto, instituciones colapsadas, guerrillas cruzando fronteras y un conflicto regional que haría ver a la crisis actual como un ensayo.
La verdad es simple: No se puede bombardear el crimen organizado hasta hacerlo desaparecer. No funciona. Nunca ha funcionado. Nunca va a funcionar.
Lo que sí funcionaría —pero requiere paciencia, dinero y política seria— es romper los vínculos entre criminales y gobiernos, fortalecer policías y fiscalías, proteger jueces y periodistas, y replantear la prohibición que convierte plantas y químicos baratos en fortunas obscenas.
Pero eso no da fotos espectaculares ni discursos de campaña.
La directiva cumple un año. Y el continente sigue igual de violento, igual de inseguro, igual de enredado.
Porque esta estrategia Trumpista hoy no muerde al crimen organizado. Solo muerde titulares.
