Regularizarán escuelas rurales para garantizar inversiones y seguridad jurídica
Convenio entre SEP y Sedatu permitirá dar certeza legal a planteles en ejidos, facilitando infraestructura, mantenimiento y recursos públicos educativos.
Con el objetivo de eliminar obstáculos legales que durante años han limitado el desarrollo de miles de escuelas ubicadas en ejidos y comunidades rurales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) firmaron un convenio de colaboración para regularizar la tenencia de la tierra donde se encuentran asentados planteles públicos de todos los niveles educativos.
El acuerdo permitirá otorgar certeza jurídica a escuelas construidas en terrenos de propiedad social, condición que facilitará la inversión pública, la ampliación de infraestructura y el acceso a programas federales como La Escuela es Nuestra, evitando que la situación legal de los predios impida mejorar las condiciones educativas.
Durante la firma del convenio, realizada en la sede histórica de la SEP, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que garantizar la seguridad jurídica de los planteles fortalece el derecho a la educación y responde al compromiso del Gobierno de México de que ningún estudiante quede excluido por falta de infraestructura o recursos.
Explicó que numerosas comunidades desean que sus escuelas cuenten con documentación legal que les otorgue plena certeza sobre su patrimonio, lo que permitirá realizar inversiones públicas sin riesgos y consolidar proyectos de construcción, mantenimiento y ampliación de espacios educativos.
Por su parte, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, señaló que la regularización de estos inmuebles representa un paso relevante para resolver la situación patrimonial de escuelas establecidas en tierras de propiedad social, además de favorecer una mejor planeación territorial y una gestión pública más eficiente.
Indicó que ordenar jurídicamente estos predios también fortalece la coordinación entre las políticas de desarrollo urbano, infraestructura, vivienda y educación, beneficiando directamente a las comunidades rurales.
El subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que la falta de regularización de los terrenos ha representado un obstáculo para canalizar recursos públicos y ha puesto en riesgo el patrimonio educativo, por lo que el convenio establece una ruta de trabajo conjunta para otorgar seguridad jurídica a los planteles y garantizar mejores condiciones para su crecimiento.
En tanto, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, comprometió la participación de la estructura nacional de la dependencia, integrada por alrededor de 800 organizadores agrarios, 250 abogados agrarios y más de mil 100 Centros de Atención Agraria con presencia en los 32 mil 500 ejidos y comunidades del país.
Explicó que esa capacidad operativa permitirá avanzar en la regularización de los inmuebles educativos ubicados en propiedad social, mejorando las condiciones para que las comunidades rurales tengan acceso a servicios educativos de mayor calidad.
Como parte del convenio, el Registro Agrario Nacional colaborará en la integración, revisión e inscripción de los actos jurídicos necesarios para que los inmuebles destinados a la educación pública cuenten con plena certeza legal, fortaleciendo tanto a las instituciones educativas como a las comunidades agrarias donde se ubican los planteles.
