Investigan red radical tras decomiso de explosivos artesanales
Autoridades indagan financiamiento, logística y posibles vínculos políticos detrás de artefactos explosivos destinados a movilizaciones en Ciudad de México.
La localización de cientos de artefactos explosivos improvisados en un autobús procedente de Guerrero abrió una nueva línea de investigación federal sobre la posible infiltración de grupos radicales en las recientes movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, en un contexto marcado por las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el respaldo de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
De acuerdo con un informe de inteligencia citado por SinEmbargo, una célula radical vinculada al Comité Estudiantil de Ayotzinapa, junto con operadores externos a la estructura estudiantil, habría coordinado la fabricación y traslado de artefactos explosivos de elaboración más sofisticada que los petardos comúnmente utilizados en manifestaciones.
Los dispositivos fueron asegurados en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca. Según el reporte, estaban construidos con tubos de PVC, pólvora sellada con parafina y un sistema manual de activación por fricción que permitía una detonación retardada. Las estimaciones de inteligencia apuntan a que el grupo habría ordenado la fabricación de hasta mil artefactos para ser utilizados durante las protestas desarrolladas esta semana en la capital del país.
Especialistas consultados por las autoridades señalaron que, aunque estos dispositivos poseen una capacidad letal limitada, representan un riesgo importante debido a que pueden provocar lesiones, incendios y daños materiales, especialmente en espacios cerrados o en zonas con materiales inflamables.
La investigación federal no sólo se concentra en la fabricación y traslado de los artefactos, sino también en la estructura de financiamiento y apoyo logístico que habría permitido su producción. Entre las líneas de investigación destacan posibles nexos con actores políticos de Guerrero. El informe refiere que las autoridades analizan hipótesis relacionadas con presuntos vínculos con el senador priista Manuel Añorve Baños y estructuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad.
No obstante, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas concluyentes ni imputaciones formales contra el legislador o el partido político, por lo que dichas referencias forman parte de las líneas de investigación en desarrollo.
El documento también identifica a Jesús García como uno de los presuntos operadores de la célula radical. Las autoridades le atribuyen conductas relacionadas con la retención de vehículos, robo de diésel y mercancías. Asimismo, se menciona que en sus redes sociales exhibe artículos de lujo que han llamado la atención de los investigadores.
Otra figura bajo observación es Juan Miguel Hernández Carbajal, conocido como “El Padrino” o “El Mamado”, señalado por fuentes de inteligencia como un actor externo con influencia sobre grupos radicales ligados a Ayotzinapa. También es identificado como impulsor de la organización denominada “Los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, surgida tras diferencias internas respecto al manejo de recursos obtenidos mediante la toma de casetas.
El hallazgo ocurre en medio de una semana de alta tensión política y social en la Ciudad de México. Mientras la CNTE mantiene marchas, bloqueos y un plantón en el Centro Histórico para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras salariales y cambios en el sistema de promoción docente, los normalistas han participado activamente en diversas movilizaciones.
La controversia también alcanzó el terreno político luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego planteara públicamente que la oposición al Gobierno debería recurrir a acciones “más rudas” que las manifestaciones tradicionales, declaraciones que fueron retomadas durante la conferencia matutina presidencial.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó cualquier convocatoria a la violencia y afirmó que existen coincidencias entre discursos radicalizados, actos violentos recientes y el aseguramiento de los explosivos. Aunque aclaró que no cuenta con pruebas directas que vinculen ambos fenómenos, sostuvo que algunos grupos buscan proyectar una imagen de inestabilidad y confrontación en vísperas de la Copa Mundial de Futbol de 2026.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para determinar responsabilidades penales relacionadas con la fabricación, transporte y posible utilización de los artefactos explosivos, así como para esclarecer el origen de los recursos económicos utilizados por la organización investigada.
Posibles actores políticos bajo investigación
De acuerdo con el informe referido, las autoridades exploran posibles vínculos o mecanismos de apoyo político que habrían favorecido las actividades de la célula radical. Entre los nombres y estructuras mencionados en las líneas de investigación se encuentran:
• El senador priista Manuel Añorve Baños.
• Estructuras del PRI en Guerrero.
• Operadores externos vinculados a movimientos radicales relacionados con Ayotzinapa.
Las investigaciones continúan y, hasta el momento, ninguna autoridad ha presentado acusaciones formales o resoluciones judiciales que acrediten responsabilidad penal contra los actores políticos mencionados.
