Millonarios contratos de vigilancia exhiben fallas persistentes
*Acaparan contratos sin mejorar seguridad*
Más de 52 mil millones de pesos en contratos públicos, convenios con 37 gobiernos estatales y municipales y casos donde hasta 78 por ciento del presupuesto de seguridad terminó concentrado en un solo proveedor, forman parte de los hallazgos de La rentabilidad del miedo, una investigación periodística que revela cómo una empresa logró acaparar recursos multimillonarios sin que ello se tradujera en mejores resultados para la seguridad de los mexicanos.
La investigación, realizada por POPLab y CONNECTAS, documenta que durante más de una década distintos gobiernos, sin importar su filiación política, apostaron por la videovigilancia como una de las principales estrategias para combatir la violencia. Cámaras, drones, centros de monitoreo y arcos carreteros fueron adquiridos con recursos públicos bajo la promesa de fortalecer la seguridad, aunque los resultados no respaldan esa expectativa.
El trabajo identifica a Seguritech Privada como la principal beneficiaria de este modelo. A partir del análisis de miles de registros fiscales, contratos gubernamentales, actas corporativas y documentos financieros, los periodistas encontraron que la empresa obtuvo desde 2012 contratos por más de 52 mil millones de pesos, equivalentes a más de 3 mil millones de dólares.
Sin embargo, la investigación expone que el elevado gasto público no se reflejó en mejoras sustanciales en materia de seguridad. Entre los casos documentados figuran víctimas y familiares que esperaron durante meses la revisión de grabaciones de videovigilancia que habían sido borradas, no existían o simplemente no funcionaban. Asimismo, madres buscadoras denunciaron que sistemas presentados como sofisticados resultaron ineficaces para localizar personas desaparecidas o aportar evidencia en investigaciones.
Los reportajes también revelan la existencia de una red de empresas vinculadas o subcontratadas para la prestación de servicios relacionados con los contratos gubernamentales. Algunas habrían recibido comisiones millonarias que superan los estándares del mercado, mientras que el destino final de parte de los recursos públicos se vuelve difícil de rastrear.
José Flores, integrante de la organización R3D, recordó que filtraciones de correos de Hacking Team exhibieron intercambios entre intermediarios que buscaban inflar artificialmente los precios de tecnologías de vigilancia.
Aunque los periodistas solicitaron la postura de Ariel Picker, Daniel Esquenazi y de Seguritech sobre los contratos y su modelo de negocio, al cierre de la investigación no se había recibido respuesta formal.
La indagatoria concluye que el problema no radica únicamente en la tecnología utilizada, sino en la falta de transparencia sobre el gasto destinado a combatir la violencia y en los beneficios económicos obtenidos por empresas que concentraron contratos millonarios mientras los resultados en seguridad continúan siendo cuestionados.
