Amenazas a gobernadora de Morelos destapan red política ligada al crimen organizado
Documentos judiciales citados por el Diario Reforma revelan que presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa habrían amenazado a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, con el objetivo de obtener control político, libertad de operación criminal y acceso a recursos públicos municipales.
La información, sustentada en expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR), señala que la organización criminal habría buscado consolidar acuerdos con autoridades locales para operar en distintas zonas del estado sin interferencia gubernamental.
Investigación apunta a infiltración en gobiernos municipales
De acuerdo con las indagatorias federales, desde 2021 el grupo criminal habría desarrollado una red de influencia dentro de administraciones municipales de Morelos. Las pesquisas incluyen presuntos casos de financiamiento de campañas políticas, imposición de funcionarios y presión sobre actores políticos locales.
Las autoridades también investigan posibles vínculos con actividades ilícitas como tráfico de drogas, extorsión, lavado de dinero mediante contratos de obra pública, compra de votos y control político regional.
“El Barbas”, pieza clave en el expediente
Uno de los personajes centrales de la investigación es Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por la FGR como presunto líder de la organización criminal en Morelos.
Según la declaración ministerial del exalcalde de Cuautla, Raúl Tadeo Nava, presentada el 6 de mayo ante la FGR, Araujo Bernard le habría ordenado a la gobernadora pactar con el grupo criminal a cambio de “pacificar el estado”.
El testimonio citado por Reforma refiere que entre las exigencias se encontraban permitir el libre tránsito de drogas, aceptar funcionarios vinculados al grupo en ayuntamientos, liberar recursos municipales y respaldar políticamente a candidatos afines.
Video fortaleció las investigaciones
Las investigaciones cobraron mayor relevancia tras la difusión, el 18 de febrero de 2025, de un video donde aparecen Raúl Tadeo Nava junto a “El Barbas”, así como con los alcaldes Jesús Corona Damián y Agustín Toledano.
Después de la publicación del material, aumentó la presión política en Morelos y autoridades federales iniciaron nuevas revisiones sobre posibles nexos entre funcionarios municipales y grupos delictivos.
Días más tarde, el 10 de marzo, Tadeo Nava fue removido de la dirección del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de Morelos.
Intervenciones telefónicas y presuntos delitos electorales
La carpeta de investigación incluye conversaciones telefónicas intervenidas legalmente. En ellas, los involucrados habrían reconocido que la difusión del video afectaría las aspiraciones políticas de Agustín Toledano, actualmente encarcelado.
En una de las conversaciones, según el expediente, uno de los participantes expresó preocupación por el impacto político del escándalo debido a que el alcalde contaba con recursos destinados presuntamente a la compra de votos.
Este elemento abrió una nueva línea de investigación relacionada con posibles delitos electorales y financiamiento ilegal de estructuras políticas municipales.
Operación Enjambre dejó varios detenidos
El caso es considerado una de las investigaciones más sensibles sobre presunta infiltración del crimen organizado en gobiernos municipales de Morelos.
Como parte de la llamada “Operación Enjambre”, autoridades federales detuvieron a seis funcionarios y exfuncionarios presuntamente relacionados con estructuras criminales.
Entre los detenidos se encuentran Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irvin Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla; Jonathan Espinoza, tesorero municipal; y Pablo Adrián Portillo Galicia, oficial mayor del ayuntamiento.
También fue capturada Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Cuautla y expresidenta del DIF municipal.
Hasta el momento, la FGR mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red de colaboración entre autoridades locales y el crimen organizado en Morelos.
