La justicia selectiva también es impunidad
La entrega de Enrique Alfonso en Estados Unidos vuelve a exhibir una realidad incómoda para México: cuando las instituciones quieren actuar, actúan. Y cuando no quieren hacerlo, aparecen los tecnicismos, los tiempos procesales y las excusas interminables. Porque mientras algunos sectores de la Fiscalía parecen expertos en congelar expedientes, el trabajo de seguridad encabezado por Omar García Harfuch ha mostrado resultados visibles.
Operativos, decomisos, capturas y labores de inteligencia que han colocado nuevamente el tema de la seguridad en el centro de la discusión nacional. Pero también hay que decir algo con claridad: Harfuch no puede hacer el trabajo de todas las instituciones al mismo tiempo. No sirve detener criminales si después las carpetas se empolvan en escritorios. No sirve generar inteligencia si las investigaciones se convierten en laberintos burocráticos donde todo se retrasa convenientemente.
Y mucho menos sirve presumir combate al crimen cuando la justicia parece aplicarse dependiendo del personaje, del momento político o de la presión internacional. Ahí está el ejemplo de los 92 delincuentes extraditados a Estados Unidos. Muchos de esos procesos avanzaron con una velocidad sorprendente y sin que existiera una explicación jurídica completamente clara para la opinión pública; incluso varios casos seguían sin sentencia firme en México.
Es decir, cuando el Estado decide actuar, encuentra los mecanismos para hacerlo aun en escenarios complejos. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué en otros casos las autoridades aseguran que “no se puede”? ¿Por qué cuando ciertos personajes son señalados aparecen inmediatamente los argumentos de falta de pruebas, debido proceso o investigaciones incompletas? La contradicción es brutal.
Porque el propio oficialismo ya había reconocido esta realidad. La hoy secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, recordó en su momento que a Genaro García Luna se le juzgó en Estados Unidos porque México no lo hizo. Una frase demoledora que evidenció la incapacidad —o la falta de voluntad— de las instituciones mexicanas para actuar contra personajes poderosos. Hoy la historia parece repetirse. Y el problema no es únicamente la impunidad. El problema es la justicia selectiva. Esa que acelera procesos cuando conviene políticamente, pero que también sabe esconderse detrás de formalismos cuando no existe interés real en tocar a determinados grupos o personajes. Porque si algo queda claro es que en México no siempre faltan pruebas. Muchas veces lo que falta es voluntad. Y mientras eso siga ocurriendo, seguirá siendo otro país el que termine juzgando a quienes aquí nadie quiso tocar.
