CDMX busca frenar alza de rentas con reforma constitucional y nuevo modelo de vivienda
En un giro estructural a la política habitacional de la capital, la jefa de Gobierno, , anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al para regular el mercado de alquiler, contener el aumento de las rentas y fortalecer el acceso a vivienda social.
La propuesta plantea modificar de fondo la relación entre arrendadores e inquilinos, en un contexto donde el encarecimiento de la vivienda ha presionado el ingreso de millones de familias. Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina definió la iniciativa como un “parteaguas” que busca garantizar que habitar la ciudad deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo.
Tope a rentas y política de vivienda: los ejes centrales
El proyecto se articula en cuatro pilares. El primero establece que el incremento de las rentas no podrá superar la inflación, una medida que busca frenar aumentos desproporcionados en zonas con alta presión inmobiliaria. Con ello, el gobierno pretende elevar a rango constitucional un criterio de “justicia habitacional” que dé certidumbre a quienes viven bajo el régimen de alquiler.
El segundo eje obliga al gobierno capitalino a desplegar una política integral para ampliar la oferta de vivienda social y asequible, con énfasis en jóvenes y sectores de menores ingresos. Esta estrategia incluye la adquisición de suelo para incrementar la reserva territorial y facilitar nuevos desarrollos habitacionales, tanto con inversión pública como privada.
En tercer lugar, la iniciativa contempla la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, instancia que fungiría como mediadora en conflictos, además de orientar y garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones entre arrendadores y arrendatarios.
El cuarto eje introduce el derecho al arraigo comunitario, reconociendo la permanencia de las personas en sus barrios como un elemento clave para preservar el tejido social frente a fenómenos como la gentrificación.
Crisis de vivienda y presión económica
La propuesta surge en medio de un escenario complejo. De acuerdo con datos del gobierno capitalino, cerca de dos millones de personas en la ciudad viven en renta, mientras que en zonas centrales más del 40% de los ingresos familiares se destina al pago de vivienda. En los sectores más vulnerables, ese gasto puede alcanzar hasta la mitad del ingreso mensual.
Autoridades locales enmarcan la iniciativa dentro de una crisis global de vivienda que afecta a miles de millones de personas, caracterizada por el aumento sostenido de precios y la insuficiencia de oferta accesible.
Defensa de la propiedad privada y ruta legislativa
Ante críticas potenciales, subrayó que la reforma no busca vulnerar la propiedad privada, sino equilibrar las condiciones del mercado mediante reglas claras.
Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, , señaló que la iniciativa se alinea con criterios de la y contribuirá a brindar certeza jurídica en materia de arrendamiento.
La reforma representa apenas la primera fase de una estrategia más amplia. Posteriormente, el gobierno capitalino prevé presentar la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que detallará los mecanismos operativos para aplicar estos principios.
El proyecto será ahora analizado por el , donde se espera un debate amplio debido a su impacto en el mercado inmobiliario y en millones de habitantes que dependen del alquiler en la capital.
