Gobierno federal apuesta por integración total del sistema sanitario con nueva credencial universal
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la emisión de un decreto que marca un cambio estructural en la política pública de salud: la creación del Servicio Universal de Salud, una estrategia que busca romper con la fragmentación histórica del sistema y permitir que la población sea atendida sin restricciones en cualquiera de las principales instituciones públicas del país.
El planteamiento central consiste en que los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado operen de manera articulada, de tal forma que la derechohabiencia deje de ser un obstáculo para recibir atención médica. Con ello, el gobierno federal pretende avanzar hacia un modelo de cobertura efectiva más cercano a sistemas universales implementados en otros países.
Como primer paso operativo, del 13 al 30 de abril se llevará a cabo un proceso de credencialización enfocado inicialmente en personas de 85 años y más, considerado un grupo prioritario por su vulnerabilidad. Este registro se realizará en más de dos mil módulos de la Secretaría de Bienestar distribuidos en todo el país.
La nueva credencial no solo funcionará como identificación oficial, sino que representa el eje tecnológico del proyecto. De acuerdo con lo informado, incluirá una versión digital mediante aplicación móvil, desde la cual los usuarios podrán consultar su derechohabiencia y ubicar unidades médicas disponibles. Este componente apunta a la digitalización progresiva del sistema de salud.
El plan contempla una evolución escalonada hacia 2027, cuando se prevé que la plataforma permita gestionar citas médicas, acceder al historial clínico, contar con expediente digital, dar seguimiento a programas como “Salud Casa por Casa” e incluso integrar herramientas de telemedicina y atención apoyada con inteligencia artificial.
Más allá del anuncio, el decreto plantea un reto operativo de gran escala: la interoperabilidad entre instituciones que históricamente han funcionado con padrones, infraestructura y esquemas administrativos distintos. Especialistas han señalado que el éxito del modelo dependerá de la capacidad del gobierno para homologar procesos, garantizar financiamiento suficiente y evitar la saturación de servicios en unidades con mayor demanda.
Con esta medida, la administración federal busca consolidar un sistema de salud más incluyente, en el que la atención médica no dependa del tipo de afiliación laboral o condición social, sino del derecho universal a la salud. Sin embargo, su implementación pondrá a prueba la capacidad institucional para traducir el decreto en una mejora tangible en la atención cotidiana de millones de mexicanos.
